La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) marcará un cambio estructural en el sistema financiero chileno. Su lógica es simple pero transformadora: los datos financieros pertenecen al cliente, no a la institución que los custodia. Con consentimiento informado, las personas podrán compartir su información mediante interfaces seguras y estandarizadas, abriendo la puerta a mejores ofertas de crédito, nuevas formas de pago y asesoría personalizada.

Algunos han planteado críticas sobre altos costos, plazos y seguridad. Conviene poner las cifras en contexto: el calendario chileno ya contempla una vacancia de 24 meses y una implementación gradual hasta 2029, más extensa que la observada en Reino Unido o Brasil. Respecto de los costos, buena parte de las estimaciones incluye deuda tecnológica de las instituciones obligadas, lo que no necesariamente debiera imputarse al SFA. La experiencia comparada muestra que las instituciones incumbentes también resultan beneficiadas: en Brasil, Itaú, Caixa y Nubank se encuentran entre los principales usuarios de open finance.
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En seguridad, Chile adoptó estándares de nivel internacional —OAuth 2.0, OpenID Connect, FAPI 2.0, ISO 20022— con mecanismos de continuidad y supervisión. Obviamente, ningún sistema de esta magnitud está exento de trabas. Por ejemplo, la experiencia británica enfrentó resistencias, pero hoy suma más de 14 millones de usuarios.
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El verdadero riesgo no es implementar el SFA, sino postergar sus beneficios: mayor competencia, inclusión financiera y empoderamiento de los consumidores.