La Ley Fintech es una invitación a que innovación y seguridad financiera coexistan. En una industria donde la confianza es clave, esta norma permite que actores distintos de la banca tradicional ofrezcan servicios financieros, contando con garantías, fiscalización y respuesta ante fraudes.

Pero el desafío no es solo regular, sino hacerlo logrando un equilibrio entre rigor regulatorio e innovación que pocos han conseguido, y es ahí donde Chile tiene hoy la oportunidad de posicionarse como referente en la región. Reglas demasiado estrictas pueden sofocar el crecimiento de la industria, como ocurrió en México; reglas demasiado laxas pueden exponer a los clientes a riesgos de fraude y vulnerabilidades en la protección de datos, como fue el caso de Brasil.

La implementación de la ley tampoco está exenta de tensiones. Uno de sus puntos más complejos deriva de la delimitación de los servicios. El legislador exige que prestadores de servicios tengan un giro exclusivo, con la excepción de actividades que la CMF considere “inherentes” al giro regulado y ciertas funciones “adicionales” que autorice. Sin embargo, la norma no delimita con precisión qué actividades abarca cada servicio, lo que genera preguntas que hoy inquietan a la industria. 

Estas indefiniciones no sólo exponen a las fintech a riesgos regulatorios y afectan la certeza de los usuarios, sino que podrían derivar en empresas fintech invadiendo giros reservados a bancos e instituciones financieras tradicionales, sin estar sometidas a las exigencias más gravosas que pesan sobre estos, lo que inevitablemente generaría fricciones competitivas y tensionaría la confianza en el sistema.

La experiencia comparada entrega una pista interesante. En la Unión Europea, marcos como MiFID II (para intermediarios financieros) y MiCA (para proveedores de servicios en criptoactivos) trazaron bordes regulatorios claros sobre qué cubre cada licencia, y la normativa adoptó un enfoque escalonado de supervisión, donde las exigencias varían según el tamaño y riesgo de la entidad. Sería positivo que Chile avanzara en esa dirección. Como primer paso, la CMF puede jugar un rol clave publicando criterios interpretativos y guías sectoriales que definan el alcance de cada licencia y las actividades accesorias permitidas bajo la misma. Esto daría certeza regulatoria, protegería a los usuarios y evitaría fricciones competitivas, sin frenar la innovación.

Si la regulación fintech logra que flexibilidad y capacidad de adaptación convivan con certezas regulatorias, el resultado será un ecosistema robusto, confiable y competitivo, donde los beneficiados no serán solo las fintech, sino todo el sistema financiero y, en última instancia, los usuarios, que accederán a más y mejores servicios bajo reglas transparentes y seguras.