En menos de una década, el concepto de finanzas abiertas pasó de ser una idea gestada en Europa a convertirse en un estándar que hoy redefine cómo bancos y fintech se relacionan con sus clientes.

Este concepto “no nace solo de una buena idea tecnológica, sino de un diagnóstico competitivo muy concreto en Reino Unido y una respuesta regulatoria europea capaz de escalar”, cuentan desde FinteChile.

En 2015, la Unión Europea adoptó la segunda iteración de la directiva de servicios de pago (PSD2, por su sigla en inglés), norma que por primera vez reconoció a dos nuevos tipos de prestadores—los de información de cuentas y los de iniciación de pagos— y ordenó una capa de seguridad y comunicación común para que terceros pudieran acceder a cuentas con autorización del cliente y altos estándares de autenticación.

“Ese andamiaje jurídico es el que da base al concepto de finanzas abiertas y lo hace exportable: no es buena voluntad de los bancos, sino un deber de acceso seguro y trazable por mandato de ley”, resaltan desde la asociación.

En Reino Unido, los reguladores constataron que el mercado minorista estaba estancado: “Los “bancos de siempre" no tenían que esforzarse por ganar o retener clientes; los precios y calidades eran opacos; y las pymes —en especial las más pequeñas y los sobregirados— sufrían más”, afirman desde Dentons, firma legal dedicada al asesoramiento en la industria.

Más tarde, en 2016, un estudio de la Autoridad de Competencia y Mercados cifró el problema: solo 3% de los clientes personas y 4% de las empresas cambiaban de banco al año. La solución fue explícita, cuenta FinteChile: imponer un estándar de open banking para compartir datos de manera segura, con información de calidad de servicio comparable, prompts al cliente y medidas pro-switching. A ojos del gremio, “el giro británico”, consistió en combinar un mandato pro-competencia con una entidad de implementación y APIs seguras.

La expansión

Dentons expresa que este ensamblaje jurídico-técnico “se volvió el catalizador de la masificación global”, extendiendo el modelo a Australia, que en 2020 lanzó tableros públicos de disponibilidad y latencia bajo el Consumer Data Right.

En la región, México fue uno de los pioneros en 2018 al dar una base legal a las APls y clasificar datos (abiertos, agregados y transaccionales) con disposiciones técnicas. No obstante, al compararlo con la experiencia de Brasil, cuyo sistema empezó a operar en 2021 y es considerado el más exitoso, “los resultados han sido hasta ahora limitados debido a la falta de varios elementos”, plantea el senior advisor en Deloitte, Franco Rizza, para quien el éxito brasilero responde, en parte, al liderazgo del Banco Central de ese país, que estableció normativas, plazos y características del sistema.

Para FinteChile, en el caso de México, la lección es partir por datos abiertos y construir gradualmente los flujos transaccionales y de pagos, con reglas secundarias claras, para que la competencia no se quede “a mitad de camino”. De Reino Unido recogen la lección de fricciones por re autenticación, y de Australia, el costo y complejidad de acreditación/participación.

El socio de riesgos y regulación financiera de PwC Chile, Luis Figueroa, acota que en el mundo “los niveles de madurez son muy distintos” y detalla que en la región hay muchos aún en etapa de definiciones, como el caso de Perú, que creó recientemente en el regulador un departamento de finanzas abiertas para definir el tipo de modelo y la hoja de ruta para la implementación.

Oportunidades

El modelo chileno es una mezcla de los modelos de Reino Unido, Brasil y Australia, “con adaptaciones locales que lo vuelven referencia potencial para la región”, define FinteChile. El gremio acota que previo a la Ley Fintech, el Acuerdo Marco 2022 ABIF-FinteChile-BancoEstado diseñó una “captura controlada” con consentimiento y responsabilidades compartidas, lo que redujo fricciones y preparó al mercado para la etapa API-first que la CMF consolidó con la NCG 514 (2024) y su posterior consulta de Anexo Técnico N°3 (2025).

“La experiencia internacional ha exhibido mejores resultados bajo el mandato de obligatoriedad, cuando la implementación ha sido acompañada de reglas técnicas claras, mecanismos de acreditación para terceros y una fiscalización rigurosa”, asegura el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. de los Andes, Patricio Valenzuela. A sus ojos, el país “se encuentra bien preparado parala implementación y los beneficios de un sistema de finanzas abiertas”, pero advierte que su consolidación depende de la capacidad de los reguladores para fiscalizar y coordinar el proceso, la disposición de los bancos y fintech para cooperar en estándares de calidad y seguridad y la creación de servicios con beneficios tangibles.