La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a enfrentar al sector de la banca tradicional y el retail financiero con el mundo fintech, tras publicar una norma en consulta que propone postergar la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) —aprobado a fines de 2022— hasta julio de 2027. Es decir, doce meses por sobre el plazo original.

Esta norma, cuyo principio fundamental es que los usuarios son los titulares de su información, busca incentivar la competencia mediante la libre transmisión de esos datos personales a las entidades financieras que hagan una mejor oferta. Por eso, José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile, entiende la resistencia de los bancos, pero no la decisión de la CMF. “El promedio de implementación en el mundo es de dos a tres años (…). Nadie se ha demorado en el mundo tanto como nos vamos a demorar en Chile si esto fuese a quedar a firme”, reclama.

—Teniendo eso en cuenta, ¿cómo se explican la decisión?

“No nos explicamos esta propuesta, y sobre todo en el contexto de que la CMF ha sido un regulador muy abierto, con el cual hemos tenido muy buena relación siempre, siempre ha estado abierto para todos”.

“No tenemos una crítica institucional con la CMF, ha hecho bien la pega. Por eso mismo es que no entendemos esto, está fuera de todo contexto. Nos extraña cuando la CMF ha estado presente en foros internacionales, viaja a otros países a contarles lo que estamos haciendo en Chile. Ahora, ¿van a viajar a decirles que vamos a ser el país más lento del mundo?”.

—¿Creen que escucharon más a los bancos?

“Sí, a los bancos y al retail financiero. Desde un principio no les ha gustado, y esto es muy notorio porque cuando hacen la consulta y salen aplaudiendo los incumbentes, ves que algo está mal”.

—Uno de los argumentos tiene que ver con la sobrecarga regulatoria, por la implementación en paralelo de leyes como ciberseguridad, deuda consolidada y protección de datos…

“Yo creo que eso es un obstáculo más allá de la ley. Creo que es un contexto (…)”.

“Claramente falta armonización y eso es una tarea pendiente que el próximo gobierno tiene que tomarlo urgente”.

—¿Eso no justifica darle más tiempo al sistema?

“No, porque la ley de Finanzas Abiertas está mucho antes que el resto. La certeza de que esto iba a suceder era previa, y no todo impacta a las mismas cosas. Muchos de los emisores ya cumplen con los estándares de ciberseguridad (…)”.

“Es cierto que a nivel del management, es una sobrecarga. Es algo que viene a pegarnos muy fuerte, pero no podemos cargarle el peso de la sobrerregulación a una ley que está de mucho antes en discusión, que mucho antes sabíamos que se venía, de mucho antes nos deberíamos haber preparado”.

¿Conflicto legal?

El nuevo plazo para el SFA no es la única preocupación sobre esta norma en consulta. Carrasco también cuestiona la eliminación del llamado “mecanismo alternativo” que mandata la ley, para disponer en caso de una falla operativa. La propuesta de la CMF lo reemplaza por una multa en caso de incumplimiento. Lo explica de la siguiente manera: “Tú buscas que un edificio tenga el mejor ascensor posible, pero tienes que tener por normativa una escalera, asegurarte que las personas pueden subir y bajar”.

Con esta nueva fórmula, dice, “están ocupando un proceso de una normativa secundaria para cambiar lo que dicta la ley. Tenemos nuestra aprensión legal de esto”. A su juicio, se puede repetir una experiencia como la de las isapres: “Va a salir más barato para un banco grande pagar las multas por indisponibilidades, que tener competidores que lo tengan acorralado bajando los precios”.