Para nadie es sorpresa que durante los últimos años Chile ha experimentado una serie de cambios en materia económica. Reformas tributarias varias, incluyendo la última rechazada en la Cámara de Diputados hace poco, regulaciones administrativas al sistema de pagos, entre otros.

Otra menos visible, pero no por ello menos importante, fue la ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, más conocida como 'Ley FinTech' o 'Ley Fintec', en vigencia desde febrero pasado, regulando una actividad en constante y fuerte crecimiento. Con esto se brinda certeza jurídica tanto a empresas como a usuarios de los mercados de criptoactivos, financiamiento colectivo, contratos por diferencia, entre otros, además de reconocer las finanzas abiertas.

Sin duda una potente evolución, que contribuirá al crecimiento de este mercado en Chile, con inversiones que rondarían los US$400 millones anuales. Además, las empresas y personas tendrán la posibilidad de acceder a nuevos servicios financieros con mejores tarifas gracias a la competencia que introduce, poniéndonos a la vanguardia de países con mayores niveles de desarrollo.

Esta nueva ley requiere ahora de la implementación de 70 reglamentos por parte del regulador en un plazo máximo de 18 meses.

Proyectos de ley

Pero ¿con este cambio estructural hemos completado el proceso para potenciar la certeza jurídica, innovación, competencia e inclusión financiera en el país? La respuesta es definitivamente no, ya que en materia legislativa tenemos varias tareas pendientes, siendo prioritarios tres proyectos de ley sumamente importantes para cumplir esos objetivos.

El primero de ellos el proyecto de Ley de Deuda Consolidada, materia que lleva más de una década en discusión por diferencias entre los actores del sistema financiero tradicional y los más emergentes. La iniciativa legal actualmente en discusión fue aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pero no ha sido puesta en tabla en la sala, pese a la necesidad de legislar lo antes posible en este ámbito.

Esta no es una aspiración antojadiza de un sector específico del mercado financiero, sino la necesidad de que en Chile exista un mecanismo para evaluar de manera adecuada a solicitantes de créditos, sean personas naturales o jurídicas, y evitar el sobreendeudamiento, resguardando también la solidez del sistema crediticio.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) han valorado públicamente el proyecto de ley, evidencia del acuerdo existente entre reguladores y regulados sobre la relevancia de que Chile tenga por fin una legislación que se haga cargo de una realidad, como es, por ejemplo, el sobreendeudamiento.

De hecho, la misma CMF aprovechó de expresar en su último Informe de Endeudamiento 2022, presentado en enero último, que 'la importancia de contar con un registro consolidado de deudas para lograr mediciones más precisas del endeudamiento de las personas. Esto permitiría, en primer lugar, medir de forma más consistente las distribuciones de los niveles de endeudamiento de los hogares y, en segundo lugar, evaluar correctamente la capacidad de pago de las personas del sistema financiero, contribuyendo así a una inclusión y desarrollo financieros más saludables'.

Otra materia pendiente, pero con una visibilidad menor, es el proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras que, si bien el Gobierno lo presentó en septiembre del año pasado, desde marzo cobra más sentido producto de los últimos acontecimientos en Estados Unidos con la quiebra de dos bancos, desatando el nerviosismo en los mercados globales, incluido Chile.

Una iniciativa legal que amplía el acceso a los sistemas de pagos y de gestión de liquidez del Banco Central a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios no bancarios; perfecciona el mercado de operaciones de venta con pacto de Repo's, entre otros. Aquí el propio ente emisor destacó que el proyecto contribuye a la competencia en el mercado financiero, haciéndolo más profundo y líquido.

Son entendibles las prioridades que cualquier gobierno de turno tenga para su gestión. Sin embargo, estas no son incompatibles con el avance de cambios legales estructurales que cada vez son más necesarios para un país con un sistema financiero en constante evolución.