En buena parte de Latinoamérica, y también en España, se produjeron movimientos y/o pronunciamientos de las autoridades para impulsar la regulación de bitcoin (BTC) y las criptomonedas en 2021.
En buena parte de Latinoamérica, y también en España, se produjeron movimientos y/o pronunciamientos de las autoridades para impulsar la regulación de bitcoin (BTC) y las criptomonedas en 2021.
La aprobación de la Ley Bitcoin en El Salvador llevó a algunos legisladores de la región a proponer anteproyectos de ley sobre el tema en sus países, pero solo Brasil concretó la aprobación de un marco legal, basado en un proyecto que se encontraba en trámite desde 2015.
Revisemos el contexto global de la regulación de bitcoin durante el año 2021, y lo que se observó concretamente en cada país.
Sin duda, uno de los más importantes movimientos de regulación global de bitcoin y las criptomonedas fue la actualización de la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El documento, en el que viene trabajando el organismo desde 2019, disparó las alarmas de los usuarios desde su primera versión. Sin embargo, el GAFI realizó varias reuniones en 2021 para definir procedimientos más rigurosos en su revisión anual de la guía.
De la revisión surgieron propuestas del GAFI como limitar las operaciones P2P, negando la licencia de operación a los exchanges que permitieran transacciones desde o hacia monederos de autocustodia. Organizaciones como Coin Center, aprovecharon una consulta pública abierta por el organismo internacional, para exponer las graves consecuencias para la industria que podrían generar la normativa, e incluso, sus implicaciones para los derechos humanos.
La actualización del documento, que se esperaba inicialmente para junio de 2021, se retrasó 4 meses debido al elevado volumen de respuestas recibidas en la consulta pública. No obstante, la guía actualizada publicada en octubre, tampoco llenó las expectativas del ecosistema de Bitcoin. El propio Coin Center calificó la nueva versión como «dectuosa».
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió a la necesidad de regular bitcoin en varias oportunidades a lo largo de 2021. En abril, declaró su reconocimiento de que Bitcoin «es una realidad» y que el mundo necesita cooperar para regularlo.
Más adelante, en su informe de estabilidad financiera global, el FMI dedicó un capítulo al análisis del ecosistema de las criptomonedas y ubicó este tema como el segundo de mayor interés mundial en materia financiera. Ya en diciembre, tres de sus directivos reiteraron la necesidad de una regulación global para Bitcoin.
Las criptomonedas también fueron tema en el Foro Económico Mundial de Davos, que hizo recomendaciones a los Estados para controlar las plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). De forma similar se expresó recientemente el presidente del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), quien declaró que las DeFi solo ofrecen una «ilusión» de descentralización.
Otros entes multinacionales que sumaron normas y declaraciones sobre el sector de bitcoin y las criptomonedas en 2021 fueron el comité de Basilea y una coalición internacional contra el ransomware. El aumento de flujo de capital institucional hacia este mercado durante el año, parece haber movilizado a los reguladores internacionales.
Los legisladores argentinos no dieron cabida a la discusión de leyes asociadas con el sector de bitcoin y las criptomonedas en 2021. Dos proyectos de ley que esperaban trámite desde 2020, no avanzaron en la instancia parlamentaria. Ambos proyectos, planteados por bloques rivales, proponían un marco para legalizar bitcoin como forma de pago. No obstante, sus lapsos se vencieron y ya no podrán ser debatidos.
Un tercer proyecto, presentado en julio de este año con la intención de legalizar el pago de salarios con criptomonedas en Argentina, aún está siendo revisado por las comisiones parlamentarias. Este aún puede ser discutido en la plenaria de la cámara baja en 2022. Según un diputado, el propio presidente argentino Alberto Fernández dijo que apoyaría un debate parlamentario sobre Bitcoin y las criptomonedas, pese a calificarlo como un tema «de cuidado».
A principios de año, el Banco Central de Argentina (BCRA) solicitó a los bancos la información de los cuentahabientes comerciales que operan con criptomonedas y desempolvó una vieja alerta sobre los «riesgos e implicancias» del uso de bitcoin. Entre septiembre y agosto el presidente del BCRA realizó declaraciones para advertir sobre la evasión de leyes cambiarias a través de las criptomonedas y para descalificar a bitcoin como activo financiero.
Brasil es el país cuyo parlamento recibió más proyectos de ley para regular bitcoin y las criptomonedas este año. Además, fue el único en aprobar un texto legal para normar la materia —al menos en la cámara baja— después de que El Salvador promulgara su Ley Bitcoin.
El proyecto fue aprobado por los diputados la segunda semana de diciembre, aunque se encontraba en trámite desde 2015. En el trayecto sufrió modificaciones, para agregar penas más estrictas para estafas y delitos de lavado de dinero con bitcoin u otras criptomonedas.
Entre tanto, otros dos proyectos relacionados fueron presentados ante el congreso y están siendo revisados por los diputados. El primero sugiere que la competencia para aplicar controles a bitcoin se comparta, de acuerdo con contexto en el que se use, entre Banco Central y la Comisión de Bolsa y Valores. Un segundo proyecto busca que sea legalizado el uso de bitcoin para pago de salarios en Brasil.
En 2021 entraron dos propuestas de ley marco para bitcoin en el Congreso chileno. Una de ellas, denominada Ley Fintech, tiene origen institucional; y la otra surgida del propio seno del parlamento, fue denominada simplemente proyecto «BitCoin»
La ley Fintech de Chile se comenzó a elaborar en mayo de 2018, promovida el Ministerio de Hacienda chileno, con la participación de otros organismos del Ejecutivos como la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y Superintendencia de Pensiones. Pero no fue sino hasta septiembre de este año que el proyecto fue presentado ante el Congreso. El parlamento chileno aprobó el debatir la propuesta a finales de ese mismo mes.
No obstante, un nuevo proyecto, más centrado en bitcoin y las criptomonedas de forma específica, pue presentado a principios de diciembre por uno de los parlamentarios. El proyecto busca establecer estándares para regular su uso en territorio chileno.
Adicionalmente, el Banco Central de Chile dio a conocer que está desarrollando su propia moneda digital de Banco Central (CBDC), «emitida de manera similar a los billetes y monedas».
La Superintendencia Financiera de Colombia abrió este año una prueba piloto para que la banca y un grupo de exchanges de criptomonedas seleccionados experimentaran con transacciones y casos de uso en un ambiente controlado. El experimento, que se conoció como sandbox regulatorio, inició en marzo con la selección de los participantes y se programó para una duración de 12 meses. Sin embargo, las operaciones propiamente iniciaron en julio.
El superintendente financiero dijo en un evento que, al finalizar el sandbox (marzo de 2022), los usuarios de los bancos participantes podrían realizar compraventa de criptomonedas a través de sus cuentas bancarias. No obstante, a principios de diciembre el exchange Gemini, uno de que participa en el sandbox anunció que, producto de estas alianzas, comenzaría a ofrecera los clientes de Bancolombia intercambios de bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) y bitcoin cash (BCH).
El Salvador se convirtió en el centro de atención de la comunidad bitcoiner y del mundo en junio de 2021, luego de que su presidente, Nayib Bukele, anunciara la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en la nación centroamericana y enviara un anteproyecto ley al Congreso, el cual fue aprobado de inmediato por los parlamentarios. Todo en 4 días.
El hecho generó una serie de reacciones por parte de organismo financieros internacionales. Por ejemplo, el FMI advirtió que la adopción de bitcoin como moneda de curso legal le traería problemas macroeconómicos, financieros y legales a El Salvador. Mientras, el BID (Banco interamericano de Desarrollo), en boca de su presidente, señaló que Bitcoin no es la solución para dinamizar la economía debido a la volatilidad en su precio. Otro tanto comentó el más alto funcionario del GAFI, quien calificó la ley como innecesaria, ya que, según cree, la dolarización en el país centroamericano funciona perfectamente.
A lo interno de El Salvador, también se intentaron impugnaciones y reformas que no avanzaron. Finalmente, el 7 de septiembre, entró en vigencia la Ley Bitcoin, marcando un hito como primera nación en el mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal.
Con el avance de la Ley Bitcoin, ahora Nayib Bukele apunta a incluir en la Constitución Nacional de su país las monedas digitales, dando rango constitucional al uso de «monedas no físicas, no concretas» en El Salvador.
Ya desde febrero de 2021 salieron a la luz pública los planes de Hacienda de España de realizar un operativo para reclamar parte de los ingresos de los usuarios de criptomonedas en forma de impuestos. Esta tentativa se hizo realidad en junio, cuando el organismo notificó a 15 mil usuarios, que debían declarar sus operaciones con criptomonedas. El año anterior, unas 66 mil personas habían recibido una notificación similar.
Paralelamente, se conoció que España habilitaría un registro de prestadores de servicios de bitcoin y otras criptomonedas los cuales pasaría a funcionar bajo permiso y además tendrán que compartir datos de sus clientes e informar sobre «actividades sospechosas». Asimismo, un proyecto de ley que obligaría a los custodios de criptomonedas de terceros a informar quienes son sus propietarios, fue presentado en el parlamento en mayo.
Entre tanto, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) se dedicó a avanzar en temas como la regulación de la publicidad relacionada con bitcoin, para lo cual abrió una consulta pública en el mes de abril. No obstante, esta institución, junto al Banco Central de España, recibieron el aval de la Unión Europea para ocuparse de la supervisión del sector de las criptomonedas en la nación ibérica.
Adicionalmente, desde principios de año España está organizando su propio sandbox regulatorio, organizado por Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. En una primera convocatoria abierta entre enero y febrero, a la que concurrieron 67 proyectos, fueron admitidos solo 18, de los cuales 9 están relacionados con criptomonedas. El organismo decisión hacer una segunda convocatoria para el mes de septiembre, esta vez, con la publicación de una guía de requerimientos para los interesados.
Este año los reguladores de México no hablaron de Bitcoin hasta que recibieron, en el mes de junio, la visita del Gafi, organismo que se encarga de crear las políticas internacionales antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Previamente, solo el presidente de la Unidad de Investigación Financiara (UIF) había hecho un pronunciamiento sobre la necesidad de que la CNBV (Comisión Nacional de Bolsa de Valores) se encargara de la supervisión de las criptomonedas.
México consiguió una calificación bastante favorable del Gafi, pese a que una declaración del propietario del Banco Azteca, perturbó la visita. Ricardo Salinas Pliego afirmó que su entidad estaba trabajando para ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes, lo que provocó de inmediato un comunicado del Banco Central de México, recordando que dicho servicio contraviene la normativa mexicana.
A partir de ese hecho, las instituciones lanzaron otro par de recordatorios, tanto a bancos como a exchanges sobre sus obligaciones y prohibiciones en materia de criptomonedas, en el último trimestre de 2021. Finalmente, en noviembre hubo un exhorto de una entidad relacionada con Hacienda en México, a pechar bitcoin y las criptomonedas con una alícuota de ISLR de hasta 20%.
Tras el anuncio de la Ley Bitcoin en El Salvador, diputados de varios países de la región expresaron su interés en promover acciones legislativas similares en sus países. No obstante, el camino no ha sido fácil, en especial porque la proeza salvadoreña requirió de un enorme apoyo a la propuesta en congreso nacional, escenario que no se replica en la mayoría de los casos.
En Panamá surgieron al menos dos proyectos de Ley. El primero de origen parlamentario, busca la regulación de bitcoin, criptomonedas y NFT en Panamá; y el segundo, por iniciativa ciudadana, se enfoca mayormente en establecer un marco legal para la minería de bitcoin en el país centroamericano. Ambos están siendo debatidos en el seno de la cámara baja de Panamá.
En Paraguay circuló un proyecto de ley que dejaba claro que no hay intención real de seguir los pasos de El Salvador y convertir a Bitcoin en moneda de curso legal. El proyecto, finalmente presentado, buscaba más establecer mecanismos supervisar desde cuatro ámbitos el ecosistema de bitcoin en Paraguay: comercial, financiero, prevención del lavado de dinero y consumo eléctrico. El proyecto finalmente fue aprobado en la cámara del senado el pasado 16 de diciembre, con varias modificaciones.
Por su parte, en Uruguay surgió una iniciativa parlamentaria para establecer un marco legislativo para el trading y la minería de Bitcoin, de manera que las empresas y los operadores que utilizan a bitcoin como medio de pago o intercambio, tengan un sustento legal en ese país. No obstante, el proyecto establece que sería la Presidencia de la República el ente encargado de supervisar las operaciones con criptomonedas. El Banco Central uruguayo también se pronunció sobre bitcoin, y anunció planes de establecer su propia normativa para regular las criptomonedas en el país.
El Banco Central de Cuba (BCC) sorprendió a la comunidad bitcoiner con la legalización del uso de bitcoin y otras criptomonedas para pagos dentro de la isla. El organismo dejó claro que la cualquier empresa o institución financiera que desee usar criptoactivos en su actividad comercial, debe estar debidamente autorizada por el BCC. También advirtió de los riesgos asociados a la volatilidad de las criptomonedas.
Mientras, en Costa Rica, el presidente del Banco Central reiteró que la postura de la entidad es de «tolerancia vigilante», y que regularán bitcoin «en la medida que sea necesario». Se conoció también la creación de un centro de innovación en materia de Fintech y criptomonedas, para investigar los aspectos que determinarían un sano crecimiento de la industria en su país. No obstante, en una declaración previa, el funcionario dijo que bitcoin no era viable para el pago de impuestos en el país centroamericano.
No registramos movimientos regulatorios en Perú a lo largo de 2021, sin embargo, el Banco Central se desmarcó de un proyecto que usó como nombre «sol digital» para su stablecoin respaldada en moneda local. Advirtió que la denominación «sol» como moneda, le pertenece al ente emisor peruano, y por lo tanto su uso no autorizado por emisores de monedas privadas es ilegal.
Venezuela fue el primer país latinoamericano en desarrollar un marco legal específico para Bitcoin y las criptomonedas; y en crear un ente regulador especial para supervisar las actividades conexas. Todo este movimiento se concentró entre 2018 y 2019, por lo que en 2021 parece haber sido un año tranquilo en materia regulatoria en ese país.
En febrero de este año se conoció una posible regulación que amenazaba la rentabilidad de la minería de bitcoin en Venezuela. Sin embargo, una reunión entre las autoridades y miembros de la comunidad de mineros de criptomonedas, parece haber calmado la situación.
Más adelante, en el mes de abril la Sunacrip, autoridad venezolana en materia de critpoactivos, publicó una providencia para adaptar la normativa existente a las recomendaciones del Gafi. El documento incluyó la polémica «regla de viaje», que exige que las operaciones superiores a 1.000 dólares o euros deben acompañarse de los datos personales del usuario.
Finalmente, en septiembre de este año, Sunacrip anunció su alianza con un organismo nacional contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas.
