En momentos en que el Gobierno prepara una nueva reforma al mercado de capitales, autoridades y representantes de la banca, el sector financiero y las fintech coincidieron en que fortalecer este sistema es clave no solo para impulsar el crecimiento económico, sino también para mejorar la vida cotidiana de las personas.

El acceso al crédito hipotecario, el costo de los préstamos, las tasas de interés, la inversión y el financiamiento de las empresas dependen, en gran medida, del funcionamiento de un mercado de capitales sólido y competitivo. Bajo esa premisa, el primer Hub de Banca y Finanzas de “El Mercurio” reunió a expertos para debatir los principales cambios y desafíos que hoy enfrenta el sistema financiero chileno.

En la instancia participaron Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile; Juan Andrés Camus, vicepresidente de Nuam; José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile; Fernando Cañas, presidente de la Bolsa Electrónica de Chile; Mario Farren, presidente de BancoEstado; Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay; Pablo Jerez, CFO de Banco BICE; Diego Masola, CEO y country head de Scotiabank Chile; María José Montero, presidenta de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión; Matías Spagui, director sénior de Mercado Pago; Eugenio Symon, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, y Andrés Trautmann, CEO y country head de Santander Chile.

Los asistentes manifestaron su optimismo por los cambios que se impulsan desde el Ejecutivo contenidos en el proyecto de ley de reconstrucción o megarreforma, y que agrupa medidas fiscales, tributarias, ambientales y sociales. A juicio de los participantes, van en el camino correcto para mejorar la competitividad, el crecimiento, ampliar el acceso al financiamiento y mejorar la competitividad del sistema financiero.

Motor de la economía

El tema que abrió el debate, y que concitó amplio consenso, fue la reforma al mercado de capitales que el Ministerio de Hacienda prevé presentar durante el segundo semestre y que, tal como ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca retomar la aspiración de convertir a Chile en un centro financiero relevante.

Al respecto, los participantes coincidieron en que el mercado de capitales constituye uno de los principales motores de la economía y un pilar para el bienestar de las personas. Y destacaron que su buen funcionamiento incide directamente en el acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés, el financiamiento de las empresas y las oportunidades de inversión. No obstante, advirtieron que el sistema requiere ajustes para corregir distorsiones acumuladas y adecuarse a una realidad económica que ha cambiado significativamente en las últimas décadas.

Entre las principales fortalezas del mercado de capitales, los asistentes mencionaron su capacidad para ofrecer financiamiento de largo plazo, especialmente a través de los créditos hipotecarios, además de facilitar el acceso al crédito y contribuir a la estabilidad de las tasas de interés. Sin embargo, concordaron en que estas ventajas comenzaron a deteriorarse tras el estallido social en 2019 y luego, durante la pandemia, con los retiros de los fondos de pensiones, cuyos efectos aún persisten. Durante el hub se mencionó, por ejemplo, que se volvió más difícil para los hogares reunir las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario.

En ese contexto, se planteó que la futura reforma al mercado de capitales debería abrir espacios de diálogo con los distintos actores de la industria, de manera que el proyecto recoja visiones técnicas y contribuya a fortalecer un sistema considerado clave para la inversión y el crecimiento económico del país.

Construcción de un relato ciudadano

Junto con la necesidad de modernizar el mercado de capitales, los participantes coincidieron en que es fundamental construir un relato capaz de explicar a la ciudadanía por qué estas reformas impactan directamente en su vida cotidiana. Además, subrayaron que existe un amplio consenso técnico en torno a las medidas que prepara el Ministerio de Hacienda, pero que ese acuerdo no garantiza su éxito si las personas y el mundo político no comprenden cómo un mercado de capitales sólido incide en el acceso al crédito hipotecario, el financiamiento de las empresas, el ahorro previsional y el crecimiento económico. En ese contexto, el llamado que se hizo fue a poner el esfuerzo comunicacional en conectar conceptos muchas veces percibidos como lejanos con beneficios concretos para las personas.

Durante la actividad, representantes de la industria añadieron que se debe aprovechar la oportunidad que abre que actualmente se esté debatiendo a nivel país sobre crecimiento y productividad (materias vinculadas al mercado de capitales) para construir un relato ciudadano. Y resaltaron que nunca antes se había estado en una posición tan favorable en este sentido, junto con señalar que este relato tiene que considerar en primer lugar al mundo legislativo.

Según los asistentes, este esfuerzo comunicacional resulta especialmente necesario cuando las reformas abordan materias altamente técnicas o cuyos efectos pueden parecer contraintuitivos para la ciudadanía. Y mencionaron como ejemplo la flexibilización de la Tasa Máxima Convencional, que a primera vista podría interpretarse como un beneficio para las instituciones financieras, cuando su propósito es ampliar el acceso al crédito formal y reducir la exclusión financiera.

Lo mismo ocurriría con propuestas como la prohibición del anatocismo —dijeron—, que de no implementarse terminaría encareciendo el crédito y restringiendo las alternativas de financiamiento para las personas.

A juicio de los participantes, explicar con claridad estas relaciones será determinante para que el debate público se base en sus efectos de largo plazo y no solo en la popularidad inmediata de determinadas medidas.

Y es que propuestas como la prohibición del anatocismo —insistieron— buscaría, entre otros, que aquellos segmentos de mayor riesgo no queden excluidos del mercado formal del crédito y terminen en manos de prestamistas vinculados con el crimen organizado.

En la misma línea, durante la actividad se indicó que la iniciativa conocida como el “derecho al olvido financiero”, que busca eliminar los registros de aquellas deudas que tengan más de cinco años, sería un retroceso que perjudica enormemente a los ciudadanos, al sistema financiero y a la economía en general. Entre los argumentos planteados, expusieron que la esencia del sistema bancario descansa en la confianza de los depositantes, que por cada peso que los bancos prestan hay un peso de depósito que hay que cuidar. E hicieron hincapié en que mientras mayor información exista respecto de la calidad de los deudores, más fácil y más eficiente resulta la asignación del crédito, lo que finalmente se traduce en un menor costo para quienes lo necesitan.

Digitalización, datos e inclusión financiera

La regulación económica fue otro de los temas que se abordó en extenso durante el hub. Aun cuando distinguieron un gran avance en esta materia durante los últimos 15 años, representantes de la industria cuestionaron la acumulación de exigencias, situación que ha elevado los costos del dinamismo de un mercado de capitales que enfrenta importantes desafíos.

Sobre el respecto, plantearon que los reguladores financieros no pueden detener la innovación y la globalización de los mercados, puesto que —a juicio de algunos presentes— una regulación excesivamente restrictiva haría que se corra el riesgo de que las actividades y el capital se trasladen a otras jurisdicciones más competitivas.

Ejecutivos de la industria manifestaron que el mercado chileno compite en serio y con tasas bajas; no obstante, un mercado ultrarregulado provocaría que muchos agentes se marginen. Y concluyeron que cuanto más se flexibilice, más inversión extranjera llegará al país, mayor será la competencia y mejor el acceso al crédito.

En este sentido, destacaron la importancia en la integración de los mercados como una acción necesaria para generar, entre otros, mayor liquidez.

Finanzas digitales

La acelerada digitalización de la economía también ocupó parte importante de la conversación. Los participantes plantearon que el desarrollo del mercado de capitales debe ir de la mano con un sistema financiero cada vez más conectado, donde los medios de pago electrónicos, la innovación tecnológica y la inclusión financiera permitan ampliar el acceso de las personas a los servicios financieros.

En ese contexto, esgrimieron que los pagos digitales se han transformado en una infraestructura esencial para el funcionamiento de la economía, al facilitar las transacciones, promover la formalización y acercar a más ciudadanos al sistema financiero.

Lo anterior —enfatizaron— debe considerar los nuevos desafíos derivados de la protección de datos personales. En particular, puntualizaron que la implementación de la nueva Agencia de Protección de Datos representa una oportunidad para fortalecer la confianza de los usuarios, aunque repararon en que será clave coordinar su actuación con el resto de los reguladores para evitar duplicidades, incertidumbre y mayores cargas administrativas para las empresas. A juicio de la industria, el desafío no pasa por crear más burocracia, sino por construir un marco regulatorio coherente que entregue certezas y favorezca la innovación.

Durante el encuentro se destacó que el desarrollo del mercado de capitales debe ir de la mano con un sistema financiero cada vez más digital, donde los medios de pago electrónicos, la innovación tecnológica y la inclusión financiera permitan ampliar el acceso de las personas a los servicios financieros.

Ley de Fraudes: Proteger a los usuarios sin desatender al sistema

La regulación financiera enfrenta un dilema complejo: fortalecer los derechos de los consumidores sin alterar los incentivos para prevenir el fraude. Representantes del sector financiero previnieron que debe haber un equilibrio entre protección al consumidor y control de estafas. Según indicaron, esto sería clave para reducir pérdidas y fortalecer la confianza en los medios de pago digitales.

Durante el hub se insistió además en que la protección de los usuarios del sistema financiero debe ser un objetivo compartido. Sin embargo, se alertó que la actual Ley de Fraudes (20.009) desplazó gran parte del riesgo hacia las instituciones financieras, reduciendo incentivos para la prevención y facilitando conductas oportunistas.

Por ello, los participantes coincidieron en que el desafío no es elegir entre bancos o consumidores, sino construir un marco que resguarde a las víctimas, fortalezca el control del fraude y distribuya las responsabilidades de manera equilibrada para preservar la confianza en el sistema.

Por último, recordaron que limitar las responsabilidades de los usuarios ante el hurto, robo, extravío o fraude de tarjetas de pagos y transacciones electrónicas ha elevado los costos operacionales del sistema financiero.