La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que puso en consulta pública, por un plazo de 30 días, cambios a la Norma de Carácter General (NCG) N° 514, que regula el sistema de finanzas abiertas (SFA).

La Ley Fintech estableció la implementación de este sistema que promete traer mayor competencia. El SFA, según la CMF, “es un conjunto de reglas y procedimientos que permite el intercambio de información general de una institución proveedora de información, así como de clientes que hayan consentido expresamente para ello, a prestadores financieros basados en información y proveedores de servicios de iniciación de pagos”.

Entre las modificaciones propuestas, el regulador amplió los plazos de entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas, pues incluyó un año adicional a lo anteriormente propuesto, extendiendo la puesta en marcha hasta julio de 2027, y ya no en 2026 como se había planteado inicialmente.

Esto va en línea con lo que habían solicitado los bancos privados y BancoEstado en el último tiempo. Por eso, mientras los bancos y el retail financiero celebraron esta decisión de la CMF, en las fintech no cayó nada bien el anuncio.

Desde la Asociación de Bancos (Abif) comentaron que “es positivo el proceso de consulta de la normativa, esto facilita poder exponer y analizar técnicamente los distintos aspectos involucrados en la implementación del SFA. Esto, ya que como hemos planteado previamente, es clave una apropiada implementación de esta iniciativa. Como banca, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de un sistema seguro, eficiente y sostenible para todo el ecosistema financiero”.

En cambio, José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile, estima que esto representa “malas noticias para Chile y sus habitantes, quienes, de mantenerse lo propuesto en la consulta pública de la CMF, deberán esperar un año adicional a los cuatro ya anunciados, para contar con un sistema que les brinde mayores posibilidades de acceso a productos financieros en mejores condiciones a las que conocemos”.

Desde el Retail Financiero valoraron “la decisión de postergar la entrada en vigencia de esta nueva regulación, ya que es importante dar una mayor gradualidad a estos cambios normativos. Esta medida ayudará a mitigar el estrés regulatorio provocado por la implementación simultánea con otras regulaciones, lo que permitirá una puesta en marcha más armónica y con mayor coherencia regulatoria”.

Asimismo, detallaron que “en los próximos días convocaremos al comité de expertos en nuestra industria para analizar en profundidad la propuesta y así poder aportar con nuestra visión”.

Sin embargo, Carrasco sostuvo que “un estudio de la Universidad de Oxford muestra que países como Corea y Emiratos Árabes lo hicieron en un año, aunque el rango normal oscila entre uno y tres. Para Chile ya se habían definido cuatro años, que era de lo más alto visto a nivel mundial. Sin embargo, esta nueva definición de plazos deja a Chile en cinco años. Es muy difícil que otro país llegue a demorar tanto”.

Por eso, a su juicio, “hablar de ausencia de gradualidad, como reclamaban los bancos, es incorrecto. De hecho, retrasar su implementación significa postergar el avance de la inclusión financiera en Chile, que es precisamente uno de los objetivos centrales definidos en la Ley Fintech y, tal como lo reconoció hace algunos días una comisionada de la CMF, Chile ya dispone de la infraestructura necesaria para su implementación, a diferencia de otros países que requirieron más plazos a partir de cero”.

En consecuencia, el presidente del gremio que reúne a las fintech afirmó que “cada día de retraso de la entrada en vigencia del SFA, significa restringir que millones de usuarios puedan acceder a productos financieros en mejores condiciones, ya que se posterga una mayor competencia para los oferentes tradicionales”.

Al director senior de Mercado Pago, Matías Spagui, tampoco le gustó el anuncio. “Observamos con preocupación la decisión de abrir a consulta una extensión en los plazos de implementación del SFA. Esta medida es un retroceso, porque posterga beneficios que van directamente a las personas que hoy esperan acceder a servicios financieros más competitivos, simples e inclusivos”, planteó.

Agregó que “el SFA es una política pública de Estado construida de manera participativa, con la colaboración de todos los actores del ecosistema—bancos, fintech, cooperativas, retail financiero, el Banco Central y la CMF- y con el acompañamiento técnico de la academia. Después de años de trabajo técnico y regulatorio, Chile está en condiciones de avanzar hacia un sistema más abierto, seguro y moderno, que permitirá a los usuarios decidir qué hacer con su propia información financiera”.

A juicio de Spagui, “los argumentos de la banca sobre los plazos y los costos no se condicen con la realidad: los tiempos definidos por la CMF son realistas y el diseño del sistema no implica costos excesivos”.

También cree que “retrasar su implementación no solo posterga la modernización del sistema financiero, sino que impacta directamente a las personas: a los emprendedores que podrían acceder a crédito en mejores condiciones, a los trabajadores independientes que buscan ahorrar con herramientas digitales, y a las familias que merecen más opciones, transparencia y competencia”.

Por lo mismo, instó “a mantener el calendario establecido para no frenar los beneficios que este modelo traerá al país: más competencia, más inclusión y mejores servicios financieros para todos”.

En la otra vereda, Jorge Cayazzo, socio líder de Asuntos Regulatorios y Riesgo Financiero en Deloitte, indicó que “los ajustes incorporados a la normativa son positivos y apuntan a una implementación más gradual, eficiente y segura del sistema de finanzas abiertas”.

En su opinión, “destaca positivamente la extensión en doce meses del plazo de entrada en vigencia del sistema, a la vez que se incluyen hitos graduales de implementación, junto a la habilitación de áreas de prueba previas a la entrada en vigencia de la norma, entre otros”.