Según FinteChile, la ley permitirá posicionar al país como referente en materia de tecnología financiera. La supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregará más certezas y, en consecuencia, nuevas inversiones en este sector, favoreciendo a las personas, que contarán con una oferta financiera mucho más variada y personalizada.

Nuevos actores, más competencia y mayor inclusión. Estos son los tres aspectos en los que concuerda la mayoría de los expertos al analizar los beneficios que traerá la próxima entrada en vigencia de la Ley Fintech, norma que hace unas semanas fue aprobada por el Congreso y ahora solo está a la espera de que sea promulgada, para concluir así un largo y ansiado proceso por parte de la industria financiera tecnológica, como también por cientos de miles de chilenos que se verán favorecidos con la nueva regulación.

'Hace nueve años que venimos esperando esta ley. La consideramos relevante en distintos aspectos: el hecho de tener un marco legal sobre el cual basarse permitirá modificar el curso de empresas desde muchas aristas generando mayor innovación financiera. De lo contrario —y cuando no existía una regulación al respecto— las fintech nos vimos enfrentadas a un sinfín de problemas: desde accesos a una cuenta corriente hasta alternativas de financiamiento, aumentando el riesgo operacional, ya que cualquier tropiezo se podía pagar muy caro', señala José Antonio Berríos, cofundador de la plataforma de crowdfunding Broota, quien agrega que aún la ley está en desarrollo y a la espera de firmas, normas y reglamentos.

Según proyecciones de FinteChile, gremio que agrupa a la mayoría de estas startups, se debería empezar a ver inversiones del orden de los US$ 400 millones anuales en la industria y alcanzar las 400 empresas operativas en el país, 24 meses después de promulgada la ley. Una estimación que está en línea con el crecimiento fuerte que ha registrado el sector en el último quinquenio, al pasar de solo 65 fintech en 2017 a 179 en 2021, según datos del BID.

'La Ley permitirá generar mayor competencia en la industria financiera, lo que se traducirá en mayor inclusión, mejores servicios y tarifas para las personas. Esto contribuirá significativamente al bienestar financiero de los chilenos. Adicionalmente, la nueva normativa posicionará a Chile como referente regional en materia de tecnología financiera, lo que acelerará la llegada de nuevas inversiones a la industria y la exportación de servicios financieros', sostiene Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.

A continuación 10 puntos clave para entender 'a nivel de usuario' los beneficios de la Ley Fintech:

¿Qué es una fintech?

El término, que surge de la unión de las palabras finanzas y tecnología en inglés, se refiere a aquellas empresas que prestan productos y servicios de base tecnológica en la industria financiera, donde el uso de internet y de dispositivos como smartphones y monedas digitales es usual.

¿Cuántos tipos existen?

Hay varios modelos de negocios, desde startups de procesamiento de pagos y remesas, hasta infraestructura tecnológica para las finanzas y seguros, financiamiento alternativo y préstamos, gestión de finanzas personales y empresariales, seguros, y negociación de activos financieros y digitales (criptomonedas).

¿Cómo beneficiará a las personas?

Para Fernanda Vicente, cofundadora de Adah, la primera fintech chilena para mujeres, la industria financiera tecnológica cuenta ahora con un marco regulatorio donde se enmarcan todos los que están creando estas compañías y que están trabajando por la inclusión financiera al entregar nuevas alternativas a las que hoy existen en el sector tradicional: 'Esto beneficia a las personas y pymes, primero, porque el marco regulatorio permite avalar que estos nuevos actores tienen un estándar alto y conversan con la industria súper regulada', asegura la también presidenta de Mujeres del Pacífico. Como consecuencia, añade, habrá más competencia y oportunidades para las personas, mejores nuevas empresas tecnológicas financieras y también más comunicación y colaboración entre el sector tradicional y los que están naciendo.

¿Qué regula?

Diego Rodríguez, socio de CMS Carey & Allende, dice que la ley resuelve la necesidad de regular los servicios financieros basados en tecnología cuidando la fe pública. 'Estos servicios se prestaban sobre la base de que lo que no está prohibido se entiende permitido, pero sin una clara regulación o delimitación de las obligaciones y responsabilidades. Esto último no otorgaba certeza jurídica necesaria a nivel de prestadores de los servicios y sus usuarios, lo que constituía una limitante importante para el surgimiento y consolidación de esta industria'.

De esta forma, precisa que se norman servicios como la intermediación de instrumentos financieros, sistemas alternativos de transacción, asesorías crediticias y de inversión, custodia de instrumentos financieros y enrutamiento de órdenes. Además, crea un Registro de Prestadores de Servicios Financieros donde establece que solo los proveedores inscritos y autorizados por la CMF podrán entregar estos servicios.

Por ejemplo, indica que se regula el crowdfunding al definir estas plataformas como el lugar físico o virtual por medio del cual quienes tienen proyectos de inversión o necesidades de financiamiento los difunden y ofertan y se contactan con quienes cuentan con recursos e interés de invertir.

Promoverá la inclusión financiera

Desde FinteChile sostienen que al tener un mejor acceso a la información de los clientes y una regulación modular y proporcional, las startups podrán ofrecer financiamiento y mejores tasas a sectores que hoy están fuera del sistema o que están mal atendidos con productos que no responden a sus realidades o necesidades. 'La Ley Fintech permite que el usuario tenga mayor valor agregado', destaca Cristián Tala, fundador de Pago Fácil, fintech adquirida en 2021 por Bci y EVO Payments. Esto, debido a que 'las fintech, al poder competir directamente con los bancos o teniendo la misma información que ellos, podrán dar mejores créditos, servicios, portabilidades y muchas otras cosas a las que hoy no están llegando, incluso productos que la banca ni siquiera le puede ofrecer a ese segmento de personas y que una fintech sí, porque al tener mayor riesgo está dispuesta a hacerlo'.

Personas podrán hacer uso de su información financiera

Gonzalo Kirberg, CEO de Cumplo, dice que se busca darles valor a los datos, de manera que sean útiles y beneficien a la persona que es dueña de ellos, lo cual debería desembocar en una mayor oferta de servicios, mejor análisis de crédito, más competencia, más proveedores y finalmente en un sistema financiero aún más eficiente. Por eso, en FinteChile explican que quienes quieran acceder a la información de los clientes, además de obtener previamente el consentimiento previo de los mismos, tendrán que cumplir con una serie de requisitos en un sistema robusto y seguro.

Mayor protección de los datos personales

La ley sube el estándar de protección del tratamiento de datos personales en materia financiera, ya que genera un sistema de gobernanza de datos y pone requisitos a quienes quieran participar del sistema: 'Busca proteger con más y mejores medidas de seguridad para evitar fugas de datos y define sanciones para las instituciones que no lo hagan', destaca Kirberg.

Edmundo Varas, director de Global Legal Services de KPMG en Chile, comenta que la antigüedad de la información que podrá ser intercambiada no podrá tener más de cinco años. 'Esto busca poner un límite temporal en relación con la información de las transacciones de los usuarios que podrá ser manejada por el Sistema de Finanzas Abiertas. Esto tiene como fundamento la protección de los datos personales y la titularidad de los mismos por parte del usuario', señala.

En caso de no cumplir con la protección de los datos, Rodríguez dice que se incorporaron como infracciones gravísimas una serie de conductas, como destinar maliciosamente los datos personales a una finalidad distinta de la consentida por el titular; vulnerar el deber de secreto o confidencialidad sobre los datos personales sensibles, entre otras.

Servicios a la medida

Con la nueva legislación podrán funcionar nuevos proveedores de servicios financieros, quienes podrán acceder a la información financiera de las personas, con su consentimiento expreso, a través del Sistema de Finanzas Abiertas. Esto tiene como propósito analizar el comportamiento financiero y ofrecer servicios personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada cliente, comentan en el gremio de las fintech.

Kirberg lo resume así: 'Mejor análisis de crédito, mayor alcance'. Agrega que las fintech podrán realizar un mejor análisis de riesgo de las personas, lo que permitirá atender a los segmentos hoy descubiertos, lo cual debiera redundar en una oferta más variada y personalizada.

Tarifas al alcance de todos

Al tener las mismas condiciones que el sistema financiero tradicional, los nuevos proveedores podrán ser más competitivos, lo que impactará directamente en la reducción de sus precios.

En términos prácticos, explican en FinteChile, hoy las startups deben invertir en desarrollo y otros costos operativos para acceder a la información de las personas, y al disminuir este factor podrán ofrecer mejores tarifas financieras a las personas. Un ejemplo son los iniciadores de pago, que son plataformas tecnológicas que permiten transacciones directas entre consumidores y comercios, sin que el comprador tenga que pasar por su banco. Estos se verán favorecidos con la ley, generando un impacto positivo para las personas y pequeños negocios, pues serán una alternativa eficiente a los medios de pago tradicionales, como las tarjetas, complementan desde el gremio.

¿Cuándo entrará en vigencia?

La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Además, Diego Rodríguez explica que la CMF tiene un plazo de 18 meses para dictar las normas de carácter general relativas a las nuevas instituciones que requieren de inscripción y autorización para su funcionamiento.

Respecto del Sistema de Finanzas Abiertas, cuenta que la CMF deberá dictar la norma de carácter general respectiva dentro de 18 meses contados también desde la publicación oficial.

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