La decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de poner en consulta pública cambios a la normativa del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) reabrió el debate sobre el ritmo de su implementación.

El regulador planteó ampliar en 12 meses los plazos de entrada en vigencia, incorporar un período piloto y sumar hitos intermedios, ajustes que buscarían —según la CMF— asegurar una puesta en marcha ordenada del modelo. La medida dividió al sector entre quienes valoraron la gradualidad y quienes acusaron un retroceso para la competencia y la inclusión financiera.

"Valoramos el tener un plazo adicional que permita hacer una adecuada y buena implementación", señaló José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central, correspondiente al segundo semestre.

Mena afirmó que “constituye el proyecto más ambicioso y complejo que ha enfrentado la industria en décadas”, por lo que insistió en que el proceso debe resguardar la estabilidad del sistema financiero, en especial del sistema de pagos. “Pensamos que es gravitante el rol del Banco Central para garantizar la continuidad y la estabilidad de la cadena de pago en este contexto”, sostuvo.

Fintechs critican el aplazamiento y advierten impacto en la inclusión financiera

Desde el ecosistema fintech, las reacciones fueron inmediatas. El presidente de FinteChile, José Gabriel Carrasco, afirmó que la propuesta de ampliar los plazos representa “malas noticias para Chile y sus habitantes, quienes, de mantenerse lo propuesto en la consulta pública de la CMF, deberán esperar un año adicional a los cuatro ya anunciados”.

Carrasco comparó los plazos internacionales. “Para Chile ya se habían definido cuatro años, que era de lo más alto visto a nivel mundial. Sin embargo, esta nueva definición de plazos deja a Chile en cinco años. Es muy difícil que otro país llegue a demorar tanto”. A juicio del gremio, la medida contradice el argumento de falta de gradualidad. “Hablar de ausencia de gradualidad, como reclamaban los bancos, es incorrecto. De hecho, retrasar su implementación significa postergar el avance de la inclusión financiera”, sostuvo.

Matías Spagui, director Senior de Mercado Pago, también cuestionó la decisión. Explicó que la extensión de plazos “es un retroceso porque posterga beneficios que van directamente a las personas que hoy esperan acceder a servicios financieros más competitivos, simples e inclusivos”.

Aseguró que el país “está en condiciones de avanzar hacia un sistema más abierto, seguro y moderno”, y que los argumentos sobre costos o tiempos “no se condicen con la realidad”.

Por su parte, Juan Andrés Bravo, gerente de Nuevos Negocios de Shinkansen, complementó esa mirada. Si bien rescató algunas de las modificaciones, comentó que "no podemos seguir postergando el cambio más relevante de los últimos 30 años". En esa línea, advirtió que “los 12 meses de aplazamiento son un balde de agua fría para la innovación financiera”.

Banco Central destaca avances y coordinación regulatoria

Durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, sostuvo que “el conjunto de normas y leyes en curso son de una magnitud no vista en el pasado", y pidió una mirada amplia a todas esas iniciativas, mencionando leyes como datos personales, fraudes bancarios, capital y el propio Sistema de Finanzas Abiertas, entre otras.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, explicó que las normas en tramitación responden a procesos de larga data. “Cuando vamos mirando las distintas normas que estamos implementando, tienen un objetivo bien preciso y que llevan muchísimo tiempo”, señaló.

Sobre el SFA, afirmó que se trata de una regla “muy significativa, muy importante para aumentar la competencia del sistema”, y destacó que “el día de ayer se anunció una postergación en la fecha de implementación”.

Costa sostuvo que la agenda regulatoria avanza con una “agenda sólida (…) en un sistema que necesitaba ponerse al día en algunos casos”.

También respondió sobre el rol del Banco Central en la incorporación de iniciadores de pago. “En el caso de los iniciadores de pago la norma general viene de la CMF”, explicó, y añadió que solo en situaciones con retención temporal de recursos corresponde una norma del instituto emisor. “Eso está en carpeta y va a salir el próximo año”, dijo.
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Ajuste de plazos del Sistema de Finanzas Abiertas genera respaldo en la banca y críticas desde fintechs - Chócale