Sin duda, la Ley 21.719 conlleva nuevos desafíos y es ahí donde radica la relevancia de la trayectoria y estrategia de identidad digital, firma electrónica y biometría de ecert, compañía de certificación electrónica con operaciones en Chile y Perú, dedicada a generar firmas electrónicas avanzadas y verificar remotamente la identidad de quienes firman. En efecto, a la fecha, gestiona 14 millones de firmas avanzadas en Chile, operación que produce importantes beneficios sociales al reducir traslados y tiempos de espera.

“Llevamos años verificando identidad y hoy esa capacidad pasa de ser un detalle operativo a ser el centro del cumplimiento. Si la pregunta de quién está al otro lado no se responde con un estándar robusto, todo el resto queda sobre una base frágil”, indica Alfredo Guardiola, gerente general de ecert.

Ante la nueva ley, la discusión se centra en las restricciones y riesgos asociados a la identificación, incluyendo la posibilidad de fraude. En ese marco, los datos biométricos son sensibles y las soluciones deben reducir el almacenamiento de patrones, proteger la información indispensable y cumplir estándares elevados de seguridad, infraestructura y ciberseguridad.

Asimismo, la nueva ley exige gestionar consentimientos específicos y solicitudes de modificación, eliminación u olvido de datos personales. “La verificación de identidad en esos procesos puede apoyarse en la firma electrónica avanzada, su carácter de no repudio legal y la combinación de distintas tecnologías biométricas y factores complementarios”, destaca Hugo Espinoza, CRO de ecert.

Para ello, ecert provee acompañamiento experto e infraestructura de confianza para orquestar acuerdos digitales y gestionar la identidad en procesos masivos. La estrategia de ecert se articula en torno a la identidad como plataforma, con más de diez métodos disponibles y una orquestación adaptativa para verificar a las personas sin introducir fricción.

En esa línea, la empresa especializada lanzó una nueva solución de biometría dactilar que compara la huella del usuario con la registrada en su cédula de identidad.

Por último, para Alfredo Guardiola el punto de fondo no es regulatorio: “Lo que la ley termina haciendo es poner la confianza en el centro. Y la confianza no se declara: se acredita. Una organización que elige un proveedor con biometría y verificación de identidad robustas tiene menos fraude, menos litigios y más capacidad de crecer. Eso es un activo”.