Colombia está desarrollando un modelo propio de open banking, que el regulador espera motive la competencia y se traduzca en mejores servicios digitales para los clientes.
Cada entidad financiera se acoplará al marco regulatorio a su propio ritmo, de acuerdo con la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), el ente gubernamental encargado de la redacción de la ley, que estima que la misma entre en vigencia en 2022.
La URF ha descartado un enfoque “draconiano” en la implementación, y en cambio espera que las entidades comprendan el valor agregado que puede tener la banca abierta para sus clientes y que al no hacer esfuerzos para incorporarse al nuevo estándar tecnológico correrán el riesgo de quedar rezagados y perder participación de mercado.
“Lo que estamos buscando con esto es generar una arquitectura abierta que le facilite la vida a las personas, que le genere una mayor movilidad […] que el cliente sea dueño de su información y no la premisa anterior, donde cada banco era dueño del cliente”, señala Felipe Lega, director de la URF en entrevista con iupana.
“Pretender que todas [las entidades] obligatoriamente estén en capacidad de hacerlo, creo que puede poner en dificultad a algunas de ellas para lograr cumplir con ese estándar, y estaríamos condenándolas a desaparecer”, agrega la autoridad.
El nivel de desarrollo y sofisticación digital de las entidades financieras en Colombia no es homogéneo. Si bien hay instituciones que han avanzado con productos y servicios virtuales disruptivos, muchas otras solo tienen banca por internet como expresión máxima de innovación, según indica Felipe Noval, director de transformación digital e inclusión financiera en Asobancaria, el gremio que agrupa al sector.
“El nivel de desarrolladores en cada entidad es completamente diferente. Van a ritmos diferentes y a caminos diferentes”, dice.
El regulador presentó una propuesta preliminar a finales de 2020, y espera seguir avanzando durante la primera mitad de este año en mesas de exploración para definir los aspectos fundamentales de la ley con bancos, fintechs, seguros, marketplaces y big techs. Entre esos aspectos estarán el alcance de la ley, qué entidades serán objeto de la misma, que información será compartida y quienes podrán acceder a ella, entre otras.
El plan para el segundo semestre de 2021 incluye alistar la regulación necesaria para la implementación, además de promover el uso del sandbox.
“Materializarlo en un marco regulatorio, sería a finales del 2021, arrancando el 2022”, dice Lega. “Tenemos la expectativa puesta de que logremos materializarla lo más pronto posible, con un marco regulatorio eficiente y que se mantenga constantemente actualizado”, señala.
En este sentido, Lega de la URF recuerda que la regulación aún “no tiene per se un alcance definido”. Sin embargo, la intención a largo plazo es tener una arquitectura abierta en todos los productos y servicios financieros, un escenario que requerirá de una construcción “paso a paso”, empezando, preferiblemente, con la incorporación al modelo de los productos de ahorro y préstamo.
“La idea es que, en las mesas de trabajo que iremos haciendo durante el año con las entidades, construyamos en conjunto con toda la industria […] Creo que, si inicialmente lo abordamos con productos masivos, será una gran ganancia como primer paso para avanzar en esta conversación”.
“Esto va a tener ganancias transversales en muchos frentes: va a ganar una mayor profundización financiera, se va a lograr una mayor inclusión financiera”, sentencia.
La propuesta de la URF también contempla la portabilidad financiera como uno de los temas a tratar, pero no como una iniciativa íntimamente ligada a la banca abierta.
Para el regulador la diferencia entre ambos conceptos radica en que la portabilidad hace referencia a la competencia entre entidades financieras, mientras que el open banking permitirá la llegada de terceros no financieros al sector, un beneficio para aquellas entidades “no tan sofisticadas” que no tienen cómo ofrecer una plataforma tecnológica avanzada, que un socio podría proveerles.
“No puede haber discusión de portabilidad (como lo hizo Chile) sin haber dado la discusión de arquitectura abierta completa, o al revés ¿Cómo lo estamos pensando hacer nosotros?: demos la discusión de arquitectura abierta, que es la discusión grande, e ir avanzando en paralelo con la de portabilidad”.
Chile promulgó el año pasado su Ley de Portabilidad Financiera para facilitar que los clientes se cambien por conveniencia de un proveedor de servicios financieros a otro. Sin embargo, a los bancos les ha costado atender las solicitudes, poniendo en duda la capacidad del sistema para adaptarse a la nueva normativa.
Desde las instituciones financieras, la propuesta de banca abierta ha sido bien recibida, según indican desde Asobancaria; no obstante, consideran que la habilitación de APIs no debe contemplar como único proveedor a la banca, sino también a otras entidades que también manejan información financiera de los usuarios.
Los estándares de open finance permiten que nuevos actores entren al mercado, a competir o colaborar, al establecer puentes tecnológicos para compartir los datos de registro y transacciones de los clientes a través de sistemas estandarizados de APIs. También proveen transparencia al sistema, pues para usar los datos es necesario contar con el consenso de los clientes.
Los ensayos en otros países además han demostrado que el mejor escenario de aprovechamiento se da cuando la información fluye en varios sentidos: desde y hacia bancos, fintechs, insurtechs y big techs.
“Quisiéramos tener una visión más amplia; es decir, que no seamos los únicos en abrir los datos. Sería bueno que a este piloto se sume el sector asegurador, de telecomunicaciones, el sector de energía y el mismo gobierno nacional”, opina Noval.
Esto también debe venir acompañado de una normativa clara para los terceros que consuman los datos, recomienda el directivo.
“No debe ser solamente abrir de manera discrecional sino saber en manos de quién van a caer los datos y qué uso le van a dar. Tiene que ser parte del alcance de la regulación”.
A detalle, el gremio considera que debe sumarse un capítulo sobre obligaciones, responsabilidades, manejo y administración que las fintech, agregadores, startups y asesores financieros deberán asumir como parte de su ingreso a la escena de banca abierta.
Desde Colombia Fintech ven la normativa como necesaria para empezar a desarrollar los ecosistemas abiertos que necesitan para seguir innovando en soluciones digitales, pues ha sido un reto para el sector actuar como “solicitantes de datos financieros” en un país sin reglas definidas.
“Todavía no está claro cuál debería ser el modelo de vigilancia, indirecta o directa, sobre estos terceros proveedores, sobre cuáles deberían ser las responsabilidades que deberían adoptar”, dice Edwin Zácipa, fundador de Colombia Fintech, en referencia a las fintech, startups y marketplaces que se sumarían al modelo.
Zácipa añade que será muy importante el cómo se definen estos mecanismos de control de riesgos y responsabilidades, como el proceso de consentimiento, dónde estarán alojados los datos y quienes podrán usarlos.
“Hay preocupación en la definición de esos riesgos, que eso afuera lo han resuelto muy bien, pero aquí hay muchos sesgos, y todavía hay un poco de resistencia sobre cómo se debería adoptar”.
Colombia es “bastante conservador” en el tema del tratamiento de los datos, considera Lina Lineros, directora del área de banca y finanzas de Posse Herrera Ruiz, bufete de abogados colombiano.
“Este tema del open banking sí expone sustancialmente los datos de los consumidores, y hay que medir hasta qué punto es en beneficio del consumidor, y hasta qué punto también protege a las entidades”, expone.
La abogada recomienda que cada institución deberá estar preparada para recibir el cambio y sumarse a las oportunidades que este ofrecerá.
“Existe una perspectiva conservadora que buscará proteger al consumidor (financiero y no financiero) en cuanto se vea expuesto a compartir sus datos con todo el sector, pero esta perspectiva riñe con otra que busca tener información homogénea del consumidor, la cual traerá beneficios en análisis de riesgos para los bancos y participantes del open banking”.
Por su parte, desde la URF esclarecen que hay inquietud por mantener la “resiliencia y sostenibilidad” de toda la cadena de información sensible y, por ende, se presume un estándar “muy alto” en su manejo.
“Aquí no se trata de quién esté preparado, sino que el contexto en general esté preparado. No basta con que una de las puntas lo esté, así que será uno de los grandes retos que tendremos allí”, concluye Lega.
