La rapidez de las transferencias de dinero internacionales plantea un desafío para la industria financiera: detectar y frenar el fraude antes de que el monto llegue a destino. La participación de bancos, fintech e intermediarios en distintos países multiplica los puntos vulnerables y obliga a reforzar los controles frente a estafas y suplantaciones de identidad.

"El fraude en transferencias internacionales combina cada vez más ingeniería social, suplantación de identidad, uso indebido de credenciales y manipulación de las personas que autorizan las operaciones", dice Diego Veroiza, gerente gremial de FinTechile y miembro de la Alianza Chilena de Ciberseguridad.

Los riesgos ya no están únicamente en el acceso a las cuentas, añade, pues "una transacción puede estar correctamente autenticada y, aun así, ser fraudulenta si el atacante consiguió que el propio usuario la ejecutara".

Para la managing director cybersecurity de Accenture Chile, María Luisa Acuña, el fraude en este negocio rara vez responde a una táctica, sino que "combina amenazas del ecosistema digital, como ingeniería social, compromiso de correo electrónico, phishing, entre otras, con fallas en controles básicos dentro de las propias organizaciones".

En este escenario, el desafío es "combinar regulación con monitoreo, prevención y coordinación entre instituciones financieras, empresas y proveedores tecnológicos", dice la gerenta general de la ACTI, Luz María García, agregando que, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el monto promedio de las transferencias no reconocidas reclamadas pasó de $ 143 mil a $ 450 mil entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

Controlar los riesgos

Si bien Chile cuenta con un ecosistema financiero robusto en autenticación, monitoreo, prevención y cumplimiento, la gestión de riesgos se ha desarrollado incluso antes de las exigencias regulatorias, Veroiza indica que eso no significa que estén ajenas al fenómeno: "El fraude es cada vez más sofisticado, digital y transnacional".

Aunque el riesgo está presente, la industria ha ido robusteciendo sus soluciones para blindarse y disminuir el riesgo. García destaca que la Ley Marco de Ciberseguridad creó una institucionalidad especializada y, desde agosto de 2026, la CMF exige autenticación reforzada para las transferencias electrónicas.

Veroiza agrega que muchas empresas avanzaron en esto antes de las exigencias regulatorias, al entender que la confianza es clave para operar. "La industria está pasando de un modelo de seguridad centrado en verificar quién está operando, a uno que busca qué operación se está realizando, en qué contexto y si es consistente con el comportamiento habitual del usuario", destaca.

"Hoy la detección combina autenticación reforzada, monitoreo transaccional y análisis del comportamiento del usuario, que permiten levantar alertas frente a un dispositivo nuevo, cambios de ubicación, incorporación repentina de beneficiarios, montos poco habituales o intentos reiterados de autenticación", detalla García. Este análisis, complementa Veroiza, debe acompañar la transacción de punta a punta.

Es un avance relevante, dice la gerente de riesgo y ciberseguridad de Klap, Sandra Ferrada, que debe complementarse con monitoreo transaccional basado en comportamiento, para reforzar "la trazabilidad y la capacidad de detectar comportamientos anómalos en tiempo real en todo el proceso".

"Bancos, fintechs y plataformas de pago han avanzado en motores antifraude con análisis en tiempo real, autenticación reforzada de clientes y verificación de identidad mediante biometría del comportamiento", destaca Acuña.

Desafíos

Reforzar la seguridad sin agregar fricción innecesaria a la experiencia del usuario es uno de los retos que tiene la industria hoy. "A medida que los pagos se vuelven más rápidos, interoperables y automatizados, las instituciones financieras necesitan equilibrar velocidad, control y confianza, incorporando la gestión del riesgo dentro de la propia experiencia de pago", dice Acuña.

No todas las operaciones requieren el mismo nivel de control, advierte Veroiza: "Mientras mayor sea la calidad de la información disponible, mejor pueden funcionar los sistemas de detección y menor es la necesidad de imponer fricciones indiscriminadamente".

Aquí la colaboración público-privada es fundamental: "Ninguna institución tiene por sí sola toda la información necesaria para enfrentar un fenómeno que es transnacional y que evoluciona rápidamente", concluye el gerente gremial de FinTechile.