Desde octubre, el mercado cripto global atraviesa una fase de corrección marcada por fuertes caídas de precios, menor apetito por riesgo y un aumento de la cautela entre inversionistas. Ese escenario también impacta a los inversionistas y actores en Chile, donde la volatilidad sigue siendo un factor dominante. En ese contexto, el desempeño del mercado local no se juega en la evolución de los precios, definida a nivel global, sino en cómo el ecosistema enfrenta este ciclo: niveles de adopción, volúmenes transados, casos de uso y el marco regulatorio que comienza a regir bajo la Ley Fintech.

Pese al desplome, especialmente de Bitcoin y Ethereum, la vicepresidenta de FinteChile, Jazmín Jorquera, dice que a nivel local se observa un crecimiento 'sostenido y positivo del mercado de criptoactivos, impulsado por la mayor madurez regulatoria y la integración con el sistema financiero tradicional'.

Al hablar de crecimiento, la ejecutiva cita el Informe Geográfico de las Criptomonedas 2025 de Chainalysis, donde el país se posiciona como sexto mercado en volúmen de transacciones en Latinoamérica, con US$ 23.800 millones recibidos en criptomonedas entre julio de 2022 y junio de 2025.

Jorquera destaca avances en casos de uso concretos, como la tokenización de activos (digitalización de bienes para su intercambio), el uso de stablecoins para remesas y comercio internacional, junto al desarrollo de modelos híbridos que combinan infraestructura para inteligencia artificial y minería de bitcoin.

El analista senior de BeFX, Kadir Pichara, explica que esta adopción se ha visto impulsada principalmente por jóvenes e inversionistas minoristas, junto con el uso de stablecoins para pagos digitales y resguardo de valor. A su juicio, los usuarios recurren a estos activos tanto para 'refugiarse en dólares' como para acceder a inversiones más riesgosas y potencialmente más rentables, en un entorno que demanda 'menos burocratización y más democratización de los mercados'.

Al analizar el movimiento local durante este año, Pichara observa una mayor oferta de plataformas locales y la incorporación de criptoactivos en brokers tradicionales, lo que ha reducido barreras de entrada. Sin embargo, advierte que la rápida adopción también tensiona al regulador, considerando que las criptomonedas presentan desafíos de trazabilidad, seguridad y protección al inversionista, como fraudes o hackeos.

El gerente de cyber & risk advisory de BDO Chile, Cristian Maldonado, agrega que parte del atractivo de estos activos está en su accesibilidad digital, la posibilidad de operar 24/7, el fraccionamiento para invertir montos pequeños y una experiencia de uso más simple en comparación con productos financieros tradicionales. No obstante, advierte que la ciberseguridad debe entenderse como un riesgo financiero: 'En criptomonedas, una brecha no solo implica fuga de datos, sino que puede traducirse en una pérdida directa de activos'.

Regulación

Con la promulgación de la Ley Fintech se estableció por primera vez un marco regulatorio para los criptoactivos en Chile, aunque algunos actores de la industria creen que todavía es incipiente.

La vicepresidenta de FinteChile señala que este marco ha tenido un impacto mayoritariamente positivo, ya que la normativa define a los criptoactivos como 'representaciones digitales de valor, bienes o servicios que pueden ser transferidas, almacenadas o intercambiadas digitalmente'. A su juicio, esto entrega mayor certeza jurídica y protección al usuario, al obligar a los proveedores de servicios (como exchanges y custodios) a registrarse ante la CMF, cumplir normas de prevención de lavado de activos y reducir los riesgos de estafas y fraudes, promoviendo así la competencia y la inclusión financiera.

No obstante, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. de los Andes, Javier Mella, precisa que el principal impacto no proviene de la ley en sí, sino de las regulaciones posteriores de la CMF. En particular, menciona las normas de carácter general 502 y 530, que establecen, por ejemplo, exigencias de información, gobierno corporativo, gestión de riesgos y requerimientos de capital asociados a criptoactivos.

En cuanto al lavado de activos, Mella nombra la regla de viaje de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que exige identificar el origen de transacciones superiores a US$ 1.000. No obstante, advierte que estas medidas 'permiten mitigar, no eliminar los riesgos'.

Maldonado concluye que, en términos de desafío, se deben reforzar los elementos estructurales del ecosistema, ya que, 'muchas estafas ocurren fuera del perímetro de intercambio a través de prácticas como la ingeniería social, falsas promesas de rentabilidad o suplantación de identidad', por lo que, a su juicio, el control efectivo requiere coordinación y educación del usuario y un equilibrio permanente entre trazabilidad, privacidad y ciberseguridad.