El gremio de las fintech acusa que la negativa de los grandes retailer de no aceptar sus medios de pago no tiene fundamentos técnicos ni económicos. Además, pidió al Tribunal revisar nuevos cobros que están haciendo las marcas de tarjetas y acusó que los altos costos que estas cobran obedecen, en parte, a que están domiciliadas en el exterior, por lo que deben pagar impuestos que finalmente traspasan a sus intermediarios.

Esta semana los emisores no bancarios salieron a hablar públicamente sobre una situación que los acompleja: Walmart no acepta tarjetas de prepago en sus locales. Desde el retailer culparon a Transbank por tener una “tarifa excesivamente elevada” en prepago; y en la red de adquirencia se defendieron argumentando que el 80% del cobro que hacen a los comercios no los fijan ellos, sino las marcas de tarjetas.

Pero ahora el gremio de las fintech fue un paso más allá y presentó un escrito en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde abordan este tema, en el marco del procedimiento que lleva adelante el TDLC para la dictación de instrucción general sobre las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago con provisión de fondos.

En concreto, FinteChile señala en el documento que “tal como hace unas semanas destacó la economista Andrea Butelman y ha sido publicado en diversos medios de prensa, es un hecho que grandes retailers del país han tomado la decisión unilateral de no aceptar en sus tiendas las tarjetas de prepago como medio de pago, pese a no existir razones técnicas ni económicas para ello”.

El gremio señala que “una transacción realizada con una tarjeta de prepago no debiera tener mayor costo operativo para un comercio, por ejemplo, que las realizadas con tarjetas de débito, e incluso conlleva menos riesgos que con estas últimas, ya que las tarjetas de prepago suponen la carga previa de fondos suficientes y específicos para su uso”.

Es por esto que dicen que “hasta la fecha, no se aprecian fundamentos serios y comprobables respecto de esta negativa que han realizado algunos de los principales establecimientos comerciales de Chile, en los que las personas se proveen de productos de primera necesidad, especialmente considerando que muchos de los habitantes de nuestro país no califican para ser clientes bancarios”.

En esa línea, pidieron al TDLC un pronunciamiento, “ya sea estableciendo criterios de aceptación de toda clase de tarjetas de pago por parte de los comercios, eventuales excepciones basadas en justificaciones demostrables, u otras medidas que el H. Tribunal estime adecuadas al efecto”.

También advierten que “esta negativa, es más, es abiertamente contraria a las finalidades de la Ley N°20.950, que no es otra que la mayor competencia entre medios de pagos en la economía nacional, y la inclusión financiera, posibilitando el acceso y el uso de medios de pago seguros y a bajo costo especialmente por parte de aquellos que están más excluidos del sistema bancario. De este modo, los consumidores hoy no pueden hacer uso de su tarjeta de prepago en los señalados comercios, para realizar compras tan esenciales como aquellas que forman parte de su canasta básica”.

Las marcas no están domiciliadas en Chile

En el escrito que ingresó el gremio también se refirieron a otros temas. Por ejemplo, pidieron una revisión de costos de operación para emisores de tarjetas con provisión de fondos no bancarios.

Sobre este punto, comentan que los costos que cobran las marcas de tarjetas a los emisores no bancarios son altos, y en parte, señalan que se produciría dado que las marcas no están constituidas en Chile, por lo que, argumentan, los emisores y adquirentes deben asumir el costo de impuestos de esas empresas domiciliadas en el extranjero. En el mercado de las marcas de tarjeta, los mayores operadores son Visa y Mastercad.

Sobre ello, señalan que “según antecedentes preliminares, los costos cobrados por las Marcas internacionales a tales emisores no bancarios ascienden a más del doble del costo que implican las tasas de intercambio, sin que exista una debida transparencia acerca de cuál es la forma de cálculo de tales costos, ni que se pueda por tanto evaluar si -por esta vía- se podría afectar de manera infundada o no la solvencia económica del ecosistema de medios de pagos en su conjunto”.

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