El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, está incrementando el impulso a la Agenda de Innovación Financiera con el fin de promover la competencia e inclusión a través de la tecnología en la prestación de servicios financieros.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, está incrementando el impulso a la Agenda de Innovación Financiera con el fin de promover la competencia e inclusión a través de la tecnología en la prestación de servicios financieros.
En ese contexto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se reunió con representantes de la Asociación de Empresas Fintech.
En la reunión las partes conversaron sus impresiones acerca del proyecto de ley al respecto; y el secretario de Estado reiteró que con ello buscarán darle “un impulso a las empresas Fintech de nuestro país”.
“Esta iniciativa va a permitir desarrollar una industria, dando un impulso para un mayor crecimiento en los próximos años”, dijo Cerda.
“Es importante retomar el tema del crecimiento y proyectos como este, que desarrollan el mercado financiero y las finanzas digitales (…). Esperamos poder avanzar con este proyecto en los próximos días”, agregó.
En la cita participaron Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Chile; Matías Spagui de Mercado Pago; Gonzalo Kirberg de Cumplo; Augusto Ruiz-Tagle de Destácame; Christian Real de Ecolab; y Francisco Larraín, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Chile, destacó que la industria Fintech “es vibrante, creciente, que suma más de 220 empresas”.
“Seguramente con este proyecto de ley vamos a visualizar como en 3 años a tener quizás 500 empresas de fin digitales que van a contribuir significativamente a la inclusión financiera del país. Oficialmente podemos decir que Chile se convierte en la capital fintech de Latinoamérica”, comentó.
Sierra señaló que la Alianza Iberoamericana de Fintech “ha decidido instalarse en Chile y eso es un voto de confianza en el país para que sigamos liderando. Hacemos un llamado al Congreso para que nos acompañe a tramitar este proyecto de ley lo antes posible”.
El Proyecto de Ley busca poner al día a la regulación financiera, reconociendo el surgimiento de nuevos modelos de negocio que están surgiendo en el mercado y que tienen el potencial de –a través de la tecnología- ofrecer soluciones a personas y empresas para acceder a créditos, alternativas de ahorro, inversiones y seguros, entre otros, que complementan y mejoran la actual oferta de productos y servicios financieros.
Sus principales lineamientos son:
Con esto, se exigirá estándares en materia de transparencia, capacidad operacional o, en algunos casos, capital, y a su vez los servicios fintech tendrán mayor certeza jurídica jurídica y verán facilitados sus procesos de crecimiento e internacionalización, y podrán fortalecer su reputación ante clientes, inversionistas y entidades financieras.
Busca ratificar a los consumidores como dueños de su información financiera, estableciendo la obligación a las instituciones financieras de compartir dicha información –previo consentimiento del cliente- de manera expedita, estandarizada y segura, multiplicando las posibilidades de desarrollo de nuevos productos y servicios a la medida de cada persona.
Asimismo, el Sistema de Finanzas Abiertas reconoce la figura de los iniciadores de pagos, los cuales facilitarán las transferencias de fondos entre cuentas como una alternativa de pago segura y de bajo costo.
Esto tiene el objetivo de generar simetría regulatoria entre las Fintech y el resto de las instituciones financieras tradicionales, y por otra parte, reducir barreras de entrada y facilitar el surgimiento de nuevos servicios financieros basados en tecnología.
Por ejemplo, se moderniza la legislación de seguros permitiendo la oferta de seguros paramétricos y microseguros, se modifica la ley de medios de pago con provisión de fondos permitiendo que emisores no bancarios puedan abrir cuentas para realizar transferencias de fondos sin la necesidad de emitir tarjetas y se permite a las sociedades de apoyo al giro bancario prestar servicios a instituciones no bancarias, entre otras modificaciones.
