Por María Paz Valenzuela, Libertad y Desarrollo

Durante los últimos años, se ha desarrollado un fenómeno de transformación respecto a la prestación de servicios financieros por medios tecnológicos. La expresión fintech (financial-technology) corresponde a la aplicación de programas informáticos y otras tecnologías a los servicios bancarios y financieros (Oxford Dictionary 2020). Estas nuevas plataformas han traído beneficios como la inclusión financiera, mayor competencia en el mercado, disminución en el precio de los servicios, mayor accesibilidad financiera por parte de los consumidores, entre otros.

Actualmente, en Chile existen 230 fintech y se espera que este número siga aumentando exponencialmente. La encuesta Fintech Radar Chile del año 2021 refleja que estas plataformas han experimentando un aumento de 38% anual en comparación al año 2019. Además, la pandemia provocada por el Covid-19 aceleró la utilización de plataformas digitales por parte de los consumidores, transformado la digitalización de servicios financieros a nivel mundial. Sin embargo, estos servicios tecnológicos carecen de un marco legal que las regule específicamente, lo que es necesario para tener un sistema financiero integrado y competitivo.

El proyecto de ley de innovación financiera, ingresada por el Ejecutivo con suma urgencia, establece un marco jurídico a las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding) y otros modelos de negocio de tecnología financiera o elacionadas al mercado de valores.

La iniciativa presentada por el gobierno reconoce el desarrollo de la industria fintech y resuelve la ausencia normativa en torno a esta materia. Se plantea como una “ley marco”, considerando las posibles modificaciones que puedan requerirse a futuro. Además, establece que las fintech estarán bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, quien llevará un registro de estas plataformas. El proyecto se funda en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se fundamenta en el principio de proporcionalidad según los riesgos y servicios prestados por cada entidad. Una de las novedades del proyecto es la incorporación de un sistema de finanzas abiertas, que permite a los clientes compartir de manera segura su información financiera a nuevos proveedores, lo que facilita la entrega de servicios de acuerdo a las necesidades requeridas.

En concreto, el proyecto de ley, sin perjuicio de algunos aspectos mejorables, viene a sentar las bases de un marco regulatorio sobre la materia, con el fin de entregar certeza jurídica y potenciar el funcionamiento de las fintech, promoviendo la competencia e inclusión financiera y otorgando nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro país. Se trata, en definitiva, de una oportunidad para Chile de convertirse en líder de Latinoamérica en materia de innovación financiera.