Avanzar en estas normativas es inminente para Chile como hub mundial
Avanzar en estas normativas es inminente para Chile como hub mundial:
En medio de la digitalización de la economía y el impulso de las startups , expertos dan cuenta de las carencias legales del país en temas claves como el capital de riesgo, las fintech , empresas de triple impacto y compras públicas.
El tipo de soluciones que los emprendimientos tecnológicos han entregado el último tiempo han sido una alternativa eficaz ante la dificultad de continuar con actividades cotidianas durante el período pandémico. Asimismo, se ha visto un avance importante del ecosistema, con nuevas startups que han levantado importantes recursos privados y el interés por apoyar empresas sostenibles, que respeten el medioambiente y las personas.
Es en este contexto que surge la inquietud de no frenar este impulso y seguir escalando en el mundo, lo que requiere no solo el entusiasmo de emprendedores e inversionistas, sino también de normativas actuales y flexibles acordes a los nuevos tiempos, donde la tecnología, el crecimiento sustentable y los recursos son los ejes.
Francisco Guzmán, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) subraya que “nos encontramos en un momento crucial en que somos capaces de dar un paso adelante y potenciar la industria del venture capital. Estamos en un instante clave para consolidar los avances realizados a la fecha y dar el salto hacia una industria de capital de riesgo sofisticada y de alta escala”.
Por su parte, Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B Chile, afirma que “si bien la ley no es una varita mágica que nos hará más emprendedores e innovadores, debiera tender a facilitar y simplificar los procesos para constituir y gestionar empresas, patentar invenciones, mejorar el acceso al financiamiento y podría modelar el tipo de empresas que queremos tener e incentivar”.
¿Qué falta entonces? A juicio de los actores del mercado, cuatro son las normas que se requieren con urgencia, de las cuales tres llevan tiempo en el Congreso.
Tras dos años de espera, el Gobierno envío a inicios de septiembre al Congreso el proyecto de ley de Innovación Financiera, iniciativa que actualmente cuenta con suma urgencia y que busca promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, dada la aceleración digital de los últimos años.
Las fintech —o empresas de base digital que prestan o contribuyen a la mejora de servicios financieros, según las define la Asociación Gremial de Empresas Fintech en Chile, FinteChile— son diversas y se especializan en distintos ámbitos de servicios, sin embargo, su característica subyacente es que son empresas de innovación e inclusión financiera.
Estas firmas no tienen un marco jurídico propio o especialmente diseñado que las ampare en el país, lo que ha dificultado su desarrollo e impactado su modelo de negocios, asegura Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, quien afirma que “es de vital importancia aprobar e implementar esta ley lo antes posible, porque contribuye significativamente a cerrar las actuales brechas de inclusión financiera y rezago tecnológico en el sistema financiero del país. Por otra parte, esta normativa será la catalizadora para la transformación digital de la economía. No me queda la menor duda que la ley fintech es el paso más importante para empezar a hablar de Chile Smart Country, Chilecon Valley y Chile Fintech Nation”.
El proyecto, explican desde Carey Abogados, establece un marco normativo para ciertos tipos de empresas, como plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesoría crediticia y de inversión, custodia de instrumentos financieros, y enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros. Todos estos sujetos a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Unidad de Análisis Financiero.
Sierra destaca como fundamentales los principios que se proponen, entre ellos, la proporcionalidad basada en riesgos, neutralidad tecnológica y modularidad, además de sus objetivos como la regulación, inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero: “Entrega un marco general sobre el cual la CMF deberá construir la regulación sectorial necesaria para el desarrollo de la industria, por lo que los principios y objetivos en que se basa la ley se deben ver también reflejados en esas normas de carácter general”.
El proyecto de ley de Beneficio e Interés Colectivo —también conocida como ley BIC— fue ingresado a trámite por los diputados Felipe Kast y Maya Fernández en mayo de 2017, con el objetivo de regular la creación y funcionamiento de empresas de beneficio e interés colectivo, las cuales se caracterizan por configurar su modelo de negocios mediante un compromiso de impacto social y medioambiental.
Según Josefa Monge, la iniciativa propone el reconocimiento de sociedades que incorporan el interés social y ambiental, además de la maximización de la utilidad de sus dueños, socios y accionistas: “Lo importante es que le otorga una identidad jurídica al mundo de las empresas de triple impacto, y la certeza de que incorporar este interés más amplio es compatible con el concepto de sociedad, y que esto no solo es posible, sino deseable”.
Coincide Nelson Rodríguez, partner de Purpose Latin America, pues sostiene que el capitalismo está evolucionando hacia firmas que buscan generar un triple impacto, pero estas no tienen libertad para operar, ya que lo hacen con potenciales contingencias con sus accionistas. En ese sentido, señala que la ley BIC les entrega certeza para operar con triple impacto: “El efecto de mission locked o misión protegida entrega a los inversionistas institucionales, extranjeros y family offices, mayor tranquilidad de que su inversión está protegida. A nivel de política pública, permite que el Estado pueda generar ciertos beneficios para estas empresas, dado que si hay ley implica que hay registro, y esto permite direccionar de mejor manera exenciones tributarias, subsidios, etc.”.
Advierte que en estos años el proyecto de ley no avanzó en el Congreso, principalmente porque “la discusión sobre el rol de la empresa en la sociedad se ha dejado en un segundo plano y, a mi juicio, sin tener una clara lectura de que el paradigma de empresa necesaria para los tiempos actuales ha cambiado profundamente. Sin duda ahora va a tomar mucha fuerza, se va a discutir el rol de la empresa y cómo su impacto es positivo para el bien común e internalizar su rol social”.
El proyecto de ley de Modernización de Compras Públicas enviado por el Ejecutivo en marzo de este año se encuentra en segundo trámite constitucional y busca modernizar la Ley N° 19.886 y otras normas para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia y agregar principios de economía circular en las compras del Estado. Asimismo, persigue introducir una competencia más ágil en el mercado y ofrecer oportunidades a las pymes.
Josefa Monge destaca que esta iniciativa se hace cargo de la necesidad de que la compra pública sea un espacio para la innovación, financiando prototipos y patentes, incluso para quienes no se adjudiquen las licitaciones. “El mundo de la innovación social pedía hace tiempo que se licitaran problemas y no las soluciones a determinadas necesidades. Los procedimientos de compra vigente no siempre resultan adecuados, porque parten de la premisa de que el Estado conoce la mejor solución para satisfacer una necesidad pública y en muchos casos no es así”.
Por otro lado, incorpora principios de economía circular, sobre los cuales se establece una nueva etapa previa al proceso de compra de bienes y servicios llamada “Análisis de Necesidad”, en que se determinan las necesidades y se evalúan distintas alternativas, entre las que la compra es una, pero no la única: “Pueden reutilizarse bienes propios o de otros servicios u optar por servicios compartidos. En cuanto al ciclo de vida de los productos hoy se usan, se embodegan y se donan o rematan, pero con el proyecto se abre un mercado para la reutilización”, dice Monge.
Sobre las pymes, afirma que es un paso importante, pues “lo complejo del proceso de licitación es el alto costo de garantías y la demora del Estado en el pago a proveedores, sumado a la falta de articulación de proveedores locales para generar ofertas competitivas”.
Eso sí advierte que “falta un mayor énfasis en la compra local e indicadores socio ambientales, ya que al Estado no debería darle lo mismo en qué condiciones se producen los bienes y servicios que licita. Si bien no es el momento de exigir, dejando a proveedores fuera de mercado, sí podría ser la ocasión de premiar a proveedores con buen desempeño”.
La iniciativa que busca crear un Fondo de Fondos se viene trabajando desde 2016. Actualmente está siendo abordando por el Ministerio de Economía, con el apoyo de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), y se espera que sea enviada en los próximos meses al Congreso. El objetivo es impulsar el capital de riesgo en el país e incluir a los fondos de pensiones, entre otros grandes inversionistas, como aportantes de pymes innovadoras y competitivas.
Francisco Guzmán explica que se trata de “fondo matriz” que invierte en otros fondos de inversión que tienen por objetivo apoyar compañías de base científica tecnológica. “Un aspecto clave es que el Estado pueda invertir en este fondo, como partícipe y no a través de créditos, que es la fórmula actual para apoyar este tipo de inversiones. Al existir un fondo matriz, en que el Estado es un inversionista, y cuyo objetivo sea exclusivamente invertir en otros fondos de menor tamaño que aporten en venture capital, se genera un efecto multiplicador en la industria. Otros inversionistas pueden participar en este fondo matriz, desde privados hasta institucionales, se aumenta la posibilidad de levantar fondos locales”.
Pilar Concha, gerenta general de la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión (Acafi) sostiene que este vehículo sería un gran aporte, porque impulsaría a los inversionistas institucionales y extranjeros a ingresar a la industria de capital de riesgo en Chile, lo cual le permitiría a nuestro país entrar en las grandes ligas: “Con la llegada de estos inversionistas se contaría con el volumen de recursos necesarios para impulsar a nuevos administradores de capital de riesgo y nuevos emprendimientos, pymes y proyectos innovadores y disruptivos, algo clave para la recuperación pospandemia”. Agrega que si bien está creciendo el interés por invertir en riesgo en América Latina, en Chile los extranjeros se han encontrado con que la gran mayoría de los fondos no posee el tamaño suficiente para recibir aportes de institucionales. “A través de un Fondo de Fondos, regulado por la CMF y administrado por una sociedad anónima especial también regulada, estos vehículos pueden ser más atractivos. Hasta ahora, los institucionales no invierten en esta categoría y son fundamentales si se quiere acelerar la industria”.
Para Andrés Meirovich, fundador y socio director de Genesis Ventures, el objetivo de la industria de la innovación es lograr que Chile se convierta en un hub de inversión: “El desarrollo de una industria financiera adecuada va a hacer que se generen más startups, y eso es lo que buscamos entendiendo el impacto que tienen en la economía”. Para lograr este hub de capital de riegos, agrega, los inversionistas más relevantes deben ser las grandes compañías, family offices y fondos de pensiones. Estos últimos, sin embargo, “tienen miedo al riesgo de reputación y un fondo de fondos los aleja de una inversión directa porque va hacia ese vehículo y entonces el riesgo se diluye”.
