La normativa de banca abierta en Chile avanza con un horizonte claro hacia las finanzas abiertas. Para lograrlo, la colaboración entre el sector tradicional y fintech será clave, mientras se atienden retos vinculados a la definición de los estándares regulatorios.
“Pensar que la regulación va a ser capaz de desarrollar una migración hacia un marco de arquitectura de finanzas abiertas es ilusorio”, explicó Rosario Celedón, abogada asesora para el Ministerio de Hacienda de Chile. “Requerimos muchos esfuerzos de coordinación e integración entre actores que están jugando en el sector financiero, tradicionales y fintech, y que hoy no dialogan tanto.”
El objetivo, de acuerdo con Celedón, es que el reglamento actúe como una herramienta que facilite el desarrollo y la prestación de servicios financieros basados en tecnología, y así poder establecer una escena de open finance en el mercado chileno.
El valor de las finanzas abiertas fue parte de los temas que se debatieron durante la Segunda Reunión de la Red FintechLAC, un grupo público-privado de fintech en América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Las finanzas abiertas representan el derecho del usuario o de un comercio a compartir su información con otro integrante de la red”, dijo en el encuentro Gavin Littlejohn, presidente de la Asociación de Tecnología y Datos Financieros (FDATA por sus siglas en inglés) ubicada en Reino Unido. “No es algo completamente abierto, sino debidamente orquestado y que asegura que los protagonistas clave y relevantes pueden compartir información.”
De acuerdo con Littlejohn, para que el escenario de open finance funcione debe tener un elemento de reciprocidad, es decir, todos los participantes en el ecosistema tienen que participar, sin fricciones de simetría de información.
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), en coordinación con el ministerio de Hacienda y el Banco Central, tiene una hoja de ruta que prevé, primero, el marco regulatorio para ciertos modelos fintech – como plataformas crowdfunding-; luego, modificar la normativa del sector financiero tradicional a fin de que pueda colaborar en términos de innovación; y posteriormente complementar con un marco de finanzas abiertas.
Un cambio normativo de esta envergadura permitirá consolidar la participación de las fintech en el sector financiero chileno, eliminando barreras de acceso y promoviendo la inclusión financiera en espacios que los actores tradicionales no han podido atender.
Celedón reconoció que el sector fintech ha crecido y madurado sostenidamente en los últimos años, agregando no solo un factor de competitividad al mercado, sino también de complementación en la atención a poblaciones subatendidas por los jugadores tradicionales.
“El apoyo de la tecnología les permite llegar con productos financieros de menor costo, diseñar productos financieros más inclusivos que lleguen a segmentos más amplios de la población, o también facilitar a través de innovaciones mejores calificaciones crediticias”.
Chile es el país con el mayor índice de bancarización de Latinoamérica, tanto en su población total (74,3%), como en su población internauta (90,5%).
La definición de los estándares tecnológicos es otro reto que surgió en la conversación de los especialistas. Las especificaciones técnicas y operaciones pueden ser “difíciles” de resolver para el regulador, según dijo la abogada, pero pueden abordarse interactuando con el mercado.
“Creemos que un marco regulatorio ordenado, que ayude a definir esos estándares, puede contribuir a pegar el salto necesario para generar reacciones competitivas y cambios de dinámica bien interesantes”, consideró.
La propuesta de open finance concibe la identidad digital como unidad básica de información, un elemento que los países de América Latina aún no han resuelto en su totalidad, aunque podrían gracias a la penetración de los teléfonos móviles en la región.
En los últimos meses, Latinoamérica ha experimentado un crecimiento en la penetración de smartphones e Internet, impulsado principalmente por la crisis generada por la Covid-19. Se trata de un escenario que sugiere un 70% de adopción y una oportunidad única para la inclusión digital a los servicios financieros, de acuerdo con un informe de Mastercard.
Para Littlejohn, la creación de una identidad digital, así como el compartir o no información personal, se perfila en la actualidad como un derecho humano fundamental en cualquier mercado, más aún con el establecimiento de la economía digital abierta en múltiples jurisdicciones.
En esta misma línea, Celedón recordó que en la actualidad Chile posee un sistema de identificación digital gubernamental. El registro único tributario opera con un mecanismo de autenticación, el cual puede ser empleado en los servicios públicos.
La idea, adelantó la asesora, es que este modelo pueda escalar como un mecanismo de identidad digital, que permita una identificación fluida en el sector financiero público y privado.
“La aproximación que hemos tenido en Chile es ir mirando muy de cerca la evolución digital, tratando de entender los modelos de negocio, los beneficios y los riesgos, y asegurándonos que la regulación no sea una barrera para ello”, concluyó Celedón.
