La tendencia hacia la banca abierta está tomando fuerza en América Latina. Si bien la región comparte objetivos, cada país va a su propio ritmo cuando se trata de implementación: registrando las experiencias vecinas y adaptando las reglas más convenientes para cada mercado.
La búsqueda por una fuente compartida de datos toma cada vez más relevancia, empujada principalmente por la complejidad del acceso a los servicios financieros, en una región donde se calcula que la mitad de las personas no cuentan con participación en el sistema.
El objetivo de una regulación de open banking es permitir más competencia entre los actores del ecosistema financiero, así como permitir una elección por parte de las personas en cuanto a sus servicios financieros.
Los reguladores de México, Brasil, Chile y Colombia vienen priorizando la regulación a fin de disponer de la data los usuarios (siempre previa autorización) y permitir que nuevos participantes se sumen al mercado, ofreciendo productos y servicios financieros innovadores.
El siguiente diagnóstico de la escena regulatoria de open banking en Latinoamérica, ofrece una instantánea de la cronología de los avances y las tareas pendientes para el mediano y largo plazo.
México es pieza clave en la conversación de open banking en América Latina al ser el primer país en la región que desarrolló una normativa en torno al intercambio de datos financieros como parte de su Ley Fintech del 2018, y un modelo con alcance de open finance donde más de 2.300 instituciones están obligadas a participar (artículo 76 de la Ley Fintech).
Pese a ello, a la par de las oportunidades que representa para el sector y los usuarios, algunos de los retos que atraviesa el país es el retraso en la promulgación de las disposiciones secundarias que acompañan a la Ley Fintech.
A poco de cumplirse tres años de su entrada en vigor, la escena de banca abierta en México solo ha avanzado hasta el reglamento de datos financieros abiertos, los cuales no tienen un carácter confidencial, ya que se trata de información de productos y servicios, y cajeros automáticos.
Hasta la fecha, el reglamento de datos abiertos contempla lo siguiente:
Lo que viene: La reglamentación de datos agregados y datos transaccionales son las normas esperadas para el 2021. Expertos del sector coinciden que su promulgación generará valor, provocando una gran demanda o solicitudes de datos.
Cabe resaltar que los datos agregados hacen referencia a la información estadística que involucra operaciones realizadas por las entidades, y datos personales; mientras que los datos transaccionales son aquellos relacionados con el uso de un producto o servicio -incluyendo cuentas de depósito o créditos- contratados a nombre de los clientes de las entidades, entre otra información relacionada con transacciones.
El más reciente movimiento del Banco Central de Brasil fue la puesta en marcha de la Fase 1 para el despliegue de su modelo de banca abierta, que incluye liberar la información sobre canales de atención al cliente y servicios y productos financieros tradicionales; una obligación que alcanza no solo a los bancos, sino también a fintechs.
Brasil también está materializando su propuesta con un modelo obligatorio -para algunas instituciones de acuerdo con su tamaño, actividad internacional y perfil de riesgo-, pero también voluntario para aquellos que deseen sumarse a la normativa.
Esta primera fase se da luego de casi dos años de haberse emitido el primer comunicado de banca abierta, en abril del 2019, donde se dieron a conocer los requisitos fundamentales para la implementación del esquema, como objetivos, definición, alcance, entre otros detalles.
Lo que viene: En los próximos meses, el Banco Central de Brasil seguirá trabajando en las siguientes fases de implementación:
Previo al cierre del año pasado, Chile anunció que estaba trabajando en una propuesta para regular la actividad de las empresas de tecnología financiera, e incorporar un estándar de banca abierta para el mercado.
Como antesala, en septiembre pasado el gobierno puso en marcha la Ley de Portabilidad Financiera, una norma que permite el libre cambio de proveedor de productos financieros para personas y empresas. Una especia de paso previo al open banking.
El más reciente movimiento llegó desde el regulador, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y su propuesta de Ley Fintech para regular el mercado de valores, otorgando un marco jurídico a las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), y a otras actividades fintech relacionadas a esta vertical.
En términos de banca abierta, el Ministerio de Hacienda –responsable de la elaboración regulatoria-, no ha anunciado más actualizaciones sobre su proceso.
Lo que viene: Antes de concretar la propuesta de open banking, Chile deberá enfrentarse a retos de seguridad y arquitectura bancaria, de acuerdo a un reporte elaborado por iupana. El pronóstico de expertos en el tema es que la CMF desarrollará un marco general, e irá sumando reglas secundarias con el fin de evitar leyes específicas para cada modelo de negocio.
La normativa estaría lista dentro de uno o dos años.
Sumándose a la tendencia, Colombia también anunció su interés en desarrollar una norma de banca abierta, pero apostando por un modelo voluntario; es decir, dejando que el mercado se sume a su propio ritmo.
La Unidad de Regulación Financiera (URF) planteó una metodología de discusión público-privada que será desarrollada este año. El espacio servirá para definir el marco normativo entre los actores del ecosistema.
Desde la URF indicaron a iupana que, si bien el alcance aún no ha sido definido, la intención a largo plazo es tener una arquitectura abierta en todos los productos y servicios financieros. Un escenario que también proyectan los bancos colombianos, a fin de no centralizar las reglas solo para el sector más tradicional, sino compartirlas y sumar más participantes al juego.
Es así que, a fin de concretar la norma, el regulador ha dividido el proceso de desarrollo en dos etapas preliminares:
Colombia tiene un camino previo andado en este sentido, ya que en 2018 la Superintendencia Financiera anunció la creación de un sandbox para la experimentación tecnológica de empresas financieras, en un espacio controlado.
Lo que viene: La URF estaría materializando el marco regulatorio a inicios de 2022, iniciando con una propuesta de productos masivos, como cuentas de ahorro y créditos.
Sin embargo, su objetivo podría ser aún más regional, pues esperan compartir experiencias entre los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) para entender, apalancar y compartir las experiencias –buenas o malas- que surjan durante el proceso, según indicó Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera, a iupana.
